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1934 - 2014

 

La formación de los sindicatos de trabajadores municipales.


El proceso de organización del Estado Argentino en las décadas finales del siglo XIX, comprendió la conformación de organismos burocráticos e instancias administrativas, entre ellas los gobiernos municipales. Que se organizaron en torno a los centros urbanos, cada vez más numerosos y poblados,
como consecuencia de la inmigración europea y de la expansión de la urbanización. Los roles que asumieron estas unidades administrativas se vincularon a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales y educativos, la recaudación de determinados impuestos y la planificación y ordenamiento urbano, entre otras tareas. Para cumplir con esas funciones los estados municipales emplearon a un número creciente de empleados, que cumplían desde labores administrativas, hasta el mantenimiento de parques, la recolección de basura o la reparación de calles.

Como es usual en las relaciones laborales, en ocasiones se generaron situaciones de tensión y diferencias entre la dirección política de las comunas y los empleados, generalmente con motivo de reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo y aumentos salariales. A pesar de ello, la sindicalización de los empleados comunales fue tardía en relación a otros ámbitos laborales, como lo evidencia el hecho de que la primera entidad gremial se conformó recién en 1916, al constituirse la Unión de Obreros y Empleados Municipales (UOEM). Una organización que reunía a los trabajadores de la Municipalidad de Buenos Aires, la comuna más importante del país y con mayor número de personal. Desde su formación la entidad estuvo ligada al socialismo, siendo su máximo dirigente Francisco Pérez Leirós, que unos años después llegaría a ser diputado por esa fuerza política.

Su gestión posibilitó condiciones laborales y niveles salariales adecuados para los trabajadores comunales porteños, sin embargo el ingreso y permanencia en el empleo municipal siguió estando regulada por vinculaciones de índole clientelar que no siempre respetaban a los estatutos vigentes, sino que, por el contrario, respondían a los intereses de los caudillos y dirigentes políticos de turno. Como lo recordó el mismo Pérez Leiros:

 

"Bueno en aquel tiempo para conseguir un puesto de policía se necesitaba la recomendación de un ministro, fíjese lo que le digo. Para un puesto de peón municipal se precisaba la recomendación de un concejal, de un diputado, de un senador o un ministro. La apetencia de puestos era extraordinaria por la estabilidad y por los sueldos que se pagaban. Había gente que pagaba cuatro, cinco o diez mil pesos por un puesto y había caudillos que lo aceptaban".

 

En el resto del país las organizaciones representativas de los empleados municipales no alcanzaron el desarrollo de la UOEM, en especial porque las dirigencias políticas locales no deseaban que los trabajadores comunales se agruparan y realizaran planteos gremiales en temas como la estabilidad, los derechos laborales o el incremento salarial.

 

El Sindicato de empleados municipales de Bahía Blanca, sus orígenes y proceso formativo.

 

Luego de dictada la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires el 16 de marzo de 1886, se estableció, por decreto del 15 de abril, la elección de un Honorable Concejo Deliberante para Bahía Blanca, organismo que luego elegiría entre sus miembros al primer Intendente Municipal, Teófilo Bordeu, que asumió esa función el 24 de junio de 1886. A partir de entonces el gobierno municipal inicia la gestión de los asuntos públicos de la ciudad, que por entonces carecía de servicios básicos y cuya extensión territorial se limitaba a un área próxima a la Plaza Rivadavia.

 

En los años sucesivos Bahía Blanca creció a partir de la inmigración europea, la llegada del ferrocarril y la consolidación del modelo agroexportador, que posibilitaron que la ciudad atravesase un proceso de modernización. En función de estos cambios en las primeras décadas del siglo XX, la ciudad alcanzó una población cercana a los 50.000 habitantes, al mismo tiempo que se desarrollaron los servicios básicos y los medios de transporte, se incrementó la oferta educativa y se instalaron importantes establecimientos comerciales y financieros. Por entonces, en la administración de la ciudad se alternaron intendencias tanto del radicalismo como de las fuerzas conservadoras, que a pesar de sus diferencias estuvieron de acuerdo en desalentar la conformación de una organización sindical que representase a los trabajadores municipales.

 

Esta tendencia se modificó en la primera mitad de la década de 1930, cuando la abstención de radicalismo permitió que el socialista Agustín de Arrieta resultase electo intendente de Bahía Blanca. Su gestión se extendió entre 1932- 1936 y se caracterizó por la implementación de políticas públicas orientadas a resolver las dificultades que enfrentaban los sectores populares de la ciudad, afectados por la crisis económica mundial que se había iniciado en 1929.

 

 

 

En ese momento, el gobierno municipal tenía una estructura dividida en tres grandes áreas: administración, servicios y asistencia sanitaria. Las tareas administrativas se concentraban en el Palacio Municipal, desde donde se organizaba e implementaba el cobro de los impuestos y tasas. En cuanto al área de servicios las principales tareas que desempeñaban los empleados municipales tenían que ver con el mantenimiento de parques y calles, la recolección de los residuos y la atención del matadero municipal. Por su parte, los servicios asistenciales se direccionaban a través del Hospital Municipal y de las diversas delegaciones municipales, como la de Las Villas, Cuatreros (General Cerri), Punta Alta e Ingeniero White. Para cumplir con estas actividades, al promediar la década de 1930 el municipio contaba con un plantel de empleados de aproximadamente 500 trabajadores, entre personal estable y supernumerario, es decir personal que trabaja en la comuna sin continuidad laboral. A diferencia de lo ocurrido en las administraciones anteriores, luego de asumir, Arrieta mantuvo en sus cargos a los trabajadores comunales, renovando solo a los delegados barriales y a los cargos directivos de la administración comunal. Esta determinación, presente incluso en su plan de gobierno, resultó singular en una etapa en la cual “Los empleos públicos se obtenían muchas veces como recompensa a servicios políticos…” como señala el investigador Joel Horowitz en su estudio sobre la dinámica del empleo municipal en la ciudad de Buenos Aires, por lo que las cesantías masivas eran usuales cuando cambiaba el signo político de los intendentes.

 

 

 

Contrariamente, Arrieta evitó los despidos e incluso auspició la conformación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, por entender que los trabajadores de la comuna tenían derecho a una representación gremial. La institución, la primera entidad representativa del personal municipal de la ciudad, se conformó mediante una asamblea autoconvocada que se realizó el 30 de octubre de 1932 y de la que participaron 250 trabajadores. Como resultado de esa reunión se presentó una nota al Honorable Concejo Deliberante, en la que se comunicó los fines de la entidad y la conformación de su cuerpo directivo. Este fue integrado por Miguel Angel Cavallo, como secretario general, Américo de Luca, Francisco Properzi, Naón Wernicke, Vicente Ritaco, Vicente Croccito, Paulino Lerea, Rómulo Miccichelli y Servando Alvarez.

 

Al año siguiente la organización comenzó a editar una publicación propia llamada “El Proletario Municipal”, cuya dirección estuvo a cargo de Miguel Angel Cavallo, quien tenía experiencia en el medio periodístico. Asimismo, con motivo de su primer aniversario de creación se realizaron una serie de actos, que contaron con la presencia del propio Pérez Leirós, que arribó a Bahía Blanca en representación de la organización de trabajadores municipales de Buenos Aires.

 

Entre los trabajadores la adhesión a la organización fue inmediata y rápidamente la afiliación se incrementó, alcanzando a la casi totalidad de los empleados. Para su atención se abrió un local sindical en la calle Belgrano y Lamadrid, donde podían concurrir los afiliados y delegados de las diversas reparticiones y delegaciones. Desde su constitución la agrupación funcionó intensamente y al mismo tiempo que cumplía un rol sindical, impulsó actividades culturales y educativas en beneficio de sus afiliados, como la apertura de una biblioteca, continuando con una modalidad formativa propia del socialismo.

 

Al mismo tiempo que promovía estas acciones, la comisión directiva inició las gestiones para obtener el reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante, que finalmente obtuvo el 8 de mayo de 1934. De esa manera, la organización gremial fue aceptada formalmente por el conjunto de las fuerzas partidarias que intervenían en el cuerpo legislativo, a través de una resolución que le brindaba legitimidad. En tal sentido el articulado de la resolución respectiva expresó:

 

" Que toma nota de la agremiación del personal de empleados y obreros municipales, y que atenderá en cuanto esté dentro de sus atribuciones y posibilidades, los petitorios que la Sociedad de Obreros y Empleados Municipales presente, para resolverle con el espíritu de equidad y justicia que informan sus actos."

 

 

 

 

 

 

En el plano gremial, los trabajadores comunales alcanzaron la estabilidad laboral e incluso en 1935 conformaron una Caja Municipal de Jubilaciones, para resolver el problema previsional de los empleados comunales. Estas acciones resultaron innovadoras en una etapa donde los trabajadores comunales no tenían posibilidades de reclamar al sector patronal, que disponía de los empleos para construir estructuras clientelares funcionales a sus aspiraciones electorales.

 

Para el crecimiento de la organización resultó fundamental el apoyo del gobierno comunal, que lejos de boicotear su labor gremial, facilitó su labor. Tanto es así que al dejar la intendencia Agustín de Arrieta fue despedido por los trabajadores, ante los cuales improvisó un discurso en el que afirmó que:

 

"En ningún momento preocupó al Departamento Ejecutivo la filiación política de sus subalternos, eliminando de ese modo toda preocupación de carácter partidista, procurando siempre el máximo rendimiento de eficacia y de buena voluntad en el desempeño de la función, aún de los más modestos servidores de la cosa pública. Ese propósito se ha cumplido ampliamente durante los cuatro años de gobierno municipal. Y ahora al despedirme de ustedes lo hago en mi carácter de jefe, y de amigo, llevando la sensación del deber cumplido."

 

Al producirse la renovación en el gobierno comunal en 1936, nuevamente fue el fraude el rasgo que distinguió a los comicios y el conservador Martin Dithurbide resultó electo intendente. Luego de la asunción el matutino socialista local advirtió “Se afirma que son tantos los puestos prometidos, que será necesario proceder a una verdadera barrida para satisfacer la enorme cantidad de promesas hechas en ocasión de la propaganda electoral”, dejando entrever la proximidad de una nueva purga de empleados municipales.

 

Finalmente, las presunciones del diario socialista se concretaron y el nuevo intendente procedió al despido de centenares de trabajadores municipales. Una acción que recibió el inmediato rechazo del Sindicato de Municipales, primero, y luego del Comité de Organizaciones Gremiales, entidad que reunía a un sector de los sindicatos locales, que solidariamente denunció el hecho ante la opinión pública.

 

 

 

El tema fue considerado en forma reiterada en las reuniones de comisión del gremio de trabajadores municipales, incluso en uno de los encuentros el secretario general recordó el apoyo recibido durante la administración de Agustín de Arrieta, al mismo tiempo que expresó que para la organización de la entidad sindical “…se partió de la premisa de que los colores políticos o ideológicos no serían causal de distinciones entre sus afiliados y a sus filas fueron llamados todos aquellos que querían colaborar en su buena marcha”. Pero con Dithurbide la situación no fue igual y los despidos por cuestiones políticas se generalizaron, ante esa circunstancia la comisión directiva envió diversas notas, en una de las cuales se expresaba “…que el señor intendente no pudo apreciar la capacidad de los hombres distribuidos en las distintas seccionales municipales, en el corto plazo de 15 días”, por lo que entendían que la explicación brindada por el gobierno municipal no era sustentable, en especial porque los despedidos eran empleados y vecinos de “conducta intachable”.

 

No obstante los reiterados reclamos la medida no fue reconsiderada por el nuevo intendente, quien resolvió priorizar los intereses y prácticas clientelares tradicionales por sobre la estabilidad laboral que había caracterizado a la gestión de Arrieta. En tanto que para el Sindicato el cambio en el signo político de la administración comunal devino en una notable merma en su accionar, hasta que finalmente dejo de funcionar a finales de la década de 1930.

 

Fue así como a pesar del esfuerzo de un grupo de afiliados, las reuniones de la entidad comenzaron a espaciarse e incluso algunos directivos dejaron de concurrir al local sindical, a tal punto que desde el sindicato se recomendaba a los cesanteados que continuaran asistiendo a las asambleas, pero también se aclaraba que “… los que estén trabajando deben hacer acto de presencia, ya que tienen intereses comprometidos con la sociedad”. Sin duda, la presión ejercida por las autoridades conjuntamente con el temor a engrosar la lista de despedidos, hizo que muchos afiliados se alejaran del gremio y que la institución finalmente cesara de funcionar.

 

Esta situación se mantuvo hasta 1942, cuando se organizó nuevamente una entidad gremial que representaba a los empleados de la comuna bahiense, con la denominación de Asociación del Personal de la Municipalidad de Bahía Blanca. La propuesta fue impulsada por el propio intendente municipal de extracción conservadora Jorge Aguilar, con el fin de lograr un acercamiento entre los empleados, crear una biblioteca, organizar una mutual y establecer una sede social para ponerla a disposición de los afiliados. El presidente fue Francisco Mérida, vicepresidente Marcelino Otharán, secretario José María Fasani, prosecretario Carlos A. Castilla, tesorero Carlos Maciel, prosecretario Raúl Giustozzi, vocales Atilio Budassi, Cristóbal Cerone, Agustín de Salvo, Juan Guevara, Arturo Gabiola, Roberto Isnardi, Alberto Latour, José María Laplume, Julián Matilla, Reinaldo Santo, Pascual Sarnachiaro y Antonio Sánchez.

 

A diferencia de la entidad formada en 1934, en esta ocasión el cuerpo directivo de la asociación gremial estuvo conformado por personal jerárquico y profesionales, y en menor medida por empleados de categorías más bajas. Incluso fue designado como presidente honorario el propio Aguilar, electo intendente por el conservadorismo en las fraudulentas elecciones de 1942, un dato que revela la directa vinculación que existía entre la entidad gremial y la principal autoridad política local.

 

El Atlántico, 4 de enero de 1936. De acuerdo al primero de los decretos suscriptos por el nuevo intendente, declarando en disponibilidad al todo el personal administrativo, una de las reparticiones que en breve desarrollará mayor actividad, ha de ser la de barrido público…

 

 

Un nuevo comienzo durante los años del primer peronismo

 

 

Los trabajadores municipales y sus organizaciones sindicales ante el peronismo

 

Por la extensión del fraude como práctica política y la aplicación de un modelo económico poco favorable para los sectores trabajadores, la década de 1930 se caracterizó por responder a los intereses políticos y económicos de los sectores dominantes de Argentina. Esto generó un profundo descontento social, que impulsó en determinados momentos la organización de movimientos de fuerza y planes de lucha por parte de las sociedades obreras.

 

Esta situación se mantuvo hasta junio de 1943 cuando un nuevo golpe de estado culminó con la denominada “década infame” e inició un proceso político que tenía entre sus objetivos, generar las condiciones para la restauración de un sistema democrático transparente.

 

Entre el grupo de militares que se apoderaron de la conducción del estado luego del golpe, se destacó tempranamente la figura del coronel Juan Perón, que asumió la dirección del Departamento de Trabajo, una ignota oficina dedicada a la regulación de las relaciones laborales. A partir de la acción renovadora que el militar realizó en esa dependencia, luego convertida en Secretaría de Trabajo y Previsión, mejoraron las condiciones laborales y los ingresos de buena parte de los sectores asalariados. Al mismo tiempo se conformaron nuevas entidades sindicales y se incrementó la afiliación a las entidades preexistentes. Procesos que también afectaron a las organizaciones sindicales que representaban a los empleados municipales, tanto del área metropolitana como del interior del país.

 

En un primer momento, la influencia que el socialismo ejercía sobre la Unión de Obreros y Empleados Municipales (UOEM), a través de su máximo dirigente Francisco Pérez Leirós, conspiró contra cualquier iniciativa de colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esta posición provocó el 15 de junio de 1944 la intervención de la entidad sindical por parte del gobierno de facto. Al frente de la organización fue designado como interventor el mayor Alberto Forcada, quien unificó a la UOEM con otros gremios municipales menores en la Unión de Obreros Municipales (UOMunicipales). El funcionario se rodeó de un comisión asesora formada por dirigentes provenientes de la UOEM, entre los que se destacaban por su trayectoria gremial Juan Ugazio y Pedro Otero, ambos de origen socialista. Esta determinación implicó una verdadera renovación en la conducción tradicional de la organización, dirigida por Pérez Leirós por casi dos décadas, y constituyó el inicio de una progresiva peronización de la entidad.

 

Resulta conveniente resaltar que las disidencias internas de la UOEM resultaron ajenas al proceso interventor, puesto que como señalan algunas investigaciones, en el interior de la organización existía un creciente malestar en relación al liderazgo centralizado que ejercía Pérez Leirós, un dato que explica por qué algunos dirigentes descontentos colaboraron con el interventor.

 

En forma paralela y en concordancia con otras agrupaciones obreras la UOMunicipales fomentó el establecimiento de entidades similares tanto en el conurbano porteño como en el interior del distrito bonaerense. Con ese fin la intervención dispuso en septiembre de 1945 que los miembros de la comisión asesora del interventor, Nicolás Campos y Pedro Otero, recorrieran el interior de la provincia con el objeto de promover la formación de organizaciones sindicales para el personal de los diversos municipios. La iniciativa culminó con la organización de entidades en las localidades de Bahía Blanca, Las Flores, Azul, Balcarce, Tandil, Coronel Suarez y Tres Arroyos, en tanto que en Mar del Plata se vincularon con el gremio preexistente. En la totalidad de esos distritos los dirigentes colaboraron en la organización de comisiones provisorias a través de reuniones que tuvieron lugar en los locales de las seccionales de la Unión Ferroviaria, otro gremio también intervenido por el gobierno militar.

 

En los meses finales de 1945 y durante todo 1946 la UOMunicipales continuó impulsando la organización de entidades sindicales en las comunas bonaerenses, durante ese período se constituyeron los sindicatos municipales de General San Martín, Merlo, 4 de Junio (Lanus), Tigre, Lomas de Zamora, Coronel Rosales, San Miguel, Coronel Suárez, Chacabuco, La Matanza, La Plata, Morón, Luján y Vicente López. En ocasión de una de las inauguraciones el delegado enviado Nicolás Campos afirmó que:

 

…la Unión Obreros Municipales dentro de lo que desarrolla en beneficio de los trabajadores de la Capital Federal, ha creado en el país cincuenta y siete sindicatos, organizaciones éstas que aspiran a un nivel mejor de vida para los obreros de esos municipios. Agregó luego que próximamente la Unión Obreros Municipales, convocará a un congreso de sindicatos a fin de constituir definitivamente la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina.

 

Un objetivo que se concretaría poco tiempo después, en parte porque el proceso de sindicalización de los trabajadores municipales tuvo alcance nacional, al organizarse en 1944 gremios de municipales en Rosario, Córdoba y Tucumán, por mencionar solo algunos de los principales centros urbanos del interior del país donde ese proceso asociativo tuvo lugar. Con estas acciones la UOEM extendió sus funciones hasta darles un carácter federal que excedía su área de influencia específica, la ciudad de Buenos Aires, pero que resultó funcional al proceso de agremiación de los trabajadores municipales del interior del país. Al mismo tiempo que promovió la formación de sindicatos en el interior bonaerense la UOMunicipales comienza a tener una activa intervención en los conflictos surgidos en comunas de ese distrito a raíz de los despidos masivos dispuestos por algunos comisionados municipales4, los funcionarios designados por el propio mandatario provincial para administrar las comunas hasta tanto se realizasen las elecciones correspondientes. La actividad de los comisionados se extendió a lo largo de toda la etapa 1943-1948 y usualmente su labor se vio afectada por los procesos internos de un peronismo en formación, cuyas facciones aspiraban a controlar los recursos municipales en los diversos distritos bonaerenses5. En ocasiones esas disputas internas generaban movimientos de personal, tanto para generar vacantes como para despedir opositores. En el marco de una creciente inestabilidad laboral para los empleados comunales bonaerenses la Unión de Obreros Municipales gestionó ante el interventor federal del distrito Atilio Bramuglia que todas las destituciones fueran reconsideradas6. En algunos casos se revocaron los despidos, sin embargo las cesantías continuaron y en febrero de 1946 Juan Ugazio de la UOMunicipales y el entonces secretario general de la CGT Silvio Pontieri se reunieron con las autoridades provinciales con el fin denunciar nuevos despidos masivos en diversas comunas como Morón, San Martín, Azul, Chivilcoy, por considerar que eran injustificados y que en un alto porcentaje habían afectado a trabajadores con varios años de antigüedad.

 

Al siguiente mes en el marco del progresivo proceso de peronización que esta experimentando la UOMunicipales, el nuevo interventor del sindicato Blas Cadoppi expulsa al tradicional dirigente socialista Pérez Leirós de la entidad sindical acusándolo de operaciones inmobiliarias incompatibles con su función. La medida recayó también en un grupo de gremialistas de su entorno inmediato, que fueron acusados de haber evitado años antes, desde la comisión directiva, que la acusación prosperase. Con esta última disposición la intervención se aseguró la total desarticulación del equipo de conducción que apoyaba Pérez Leirós, con lo que limitaban las posibilidades del dirigente depuesto de volver a alcanzar la conducción de la entidad.

 

 

 

 

 

La medida revela las tensiones existentes en el interior de la organización generadas por la resistencia de una conducción que, lenta pero inexorablemente, observaba como era desplazada de su dirección por un grupo que ocupaba un rol secundario en la etapa precedente, pero que supo articularse rápidamente con la intervención dispuesta por el gobierno nacional.

 

En el orden nacional la organización que representaba a los trabajadores municipales era la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA), cuyo origen se remontaba a marzo de 1936, cuando un congreso de delegados donde participaron 7 entidades gremiales, una cifra limitada si se considera la dispersión territorial y el volumen de trabajadores municipales, determinó su conformación. Aunque como señala Horowitz “La confederación nacional de sindicatos de trabajadores municipales había permanecido inactiva desde el golpe (de 1943) y nunca había sido una organización de gran vitalidad”, especialmente porque sus delegados respondían a intereses y coyunturas locales difícilmente aglutinables en una posición única.

 

Frente a esta situación la UOMunicipales convocó para el 5 de julio de 1946 a un congreso de delegados de la COEMA, con el objeto de considerar diversos temas inherentes a la actividad de los trabajadores municipales. En el encuentro se plantearon varias cuestiones relacionadas con aspectos salariales, tales como la fijación de un sueldo mínimo, la acreditación de la antigüedad y la contemplación de una remuneración plus con carácter de salario familiar. También se determinó la necesidad de crear una caja municipal de previsión social de orden nacional y la creación de comisiones mixtas para considerar y resolver todo cuanto tenga relación con el trabajo del personal. En tercer término se puso en discusión el tema que quizás más importaba al conjunto de los trabadores municipales: la necesidad de fijar un escalafón y de asegurar la estabilidad del personal. Este último aspecto era medular para quienes se desempeñaban en las administraciones municipales, donde las relaciones de tipo clientelar y las periódicas renovaciones de autoridades usualmente eran el origen de despidos, desplazamientos y promociones para el personal.

 

Cuando se realizó la reunión de delegados de la COEMA fueron designados para conducir las sesiones Pedro Otero y Juan Ugazio. En primer término se discutió acerca de las condiciones de incorporación de los delegados de las diversas federaciones y sindicatos presentes, para dar lugar luego a la elección de la mesa directiva del encuentro cuya presidencia recayó nuevamente en el propio Ugazio, siendo luego Otero el elegido por el plenario de delegados para presidir la Confederación. Con esa medida se reafirmó la renovación dirigencial que se había operado en la conducción de los trabajadores municipales, por la cual una facción de origen socialista, perteneciente al gremio municipal porteño y con experiencia gremial, sustituyó definitivamente al sector liderado por Pérez Leirós.

 

Asimismo, con el propósito de concretar las metas propuestas en la reunión de la Confederación, la UOMunicipales resolvió continuar con las giras de sus directivos por el interior del país con el fin de “…estrechar vínculos y realizar una labor más efectiva con las asociaciones de obreros y empleados ya constituidas…”. De esa manera se buscaba aumentar el número de sindicatos y fortalecer a la organización confederal, requisitos básicos para lograr una estructura de carácter nacional con capacidad de presión sobre el sector empleador.

 

Posteriormente, en representación de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, los miembros de la comisión asesora de la UOMunicipales encabezados por Juan Ugazio se entrevistaron con el recientemente electo gobernador bonaerense Domingo Mercante y le entregaron un petitorio que contenía el mismo articulado de la convocatoria a la reunión de COEMA, con un nuevo considerando por el cual se le solicitó al primer mandatario provincial la reincorporación de los trabajadores despedidos sin causa justa en las diversas comunas del distrito, que por entonces alcanzaban a varios centenares de los 21.930 empleados que tenían en su conjunto las 112 comunas bonaerenses. Una nota similar fue remitida a la totalidad de los gobernadores provinciales, por medio de la cual se les solicitaba mejoras salariales pero fundamentalmente se requería la estabilidad y el escalafón para los municipales.

 

En la práctica, los dirigentes bonaerenses buscaban la reincorporación de los despedidos antes del decreto provincial N°681 de 1945, por el cual el entonces interventor federal general Arturo Albariños estableció la estabilidad y el escalafón para los municipales bonaerenses. No obstante ello la resolución no resultó retroactiva para aquellos empleados separados previamente de sus cargos, que en algunos distritos bonaerenses llegaban a varias decenas.

 

 

 

Diferente fue la situación de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, que a partir de las constantes gestiones efectuadas ante el gobierno militar en primer término y, luego de la elección de 1946, ante el gobierno peronista, posibilitaron en 1947 que la Unión de Obreros Municipales de la ciudad de Buenos Aires obtuviera un estatuto que establecía el escalafón y aseguraba la estabilidad laboral. Dicha normativa que respondía a tradicionales reclamos de los trabajadores municipales, en primer término regulaba las promociones a partir de un sistema de calificación dispuesto por una junta evaluadora mixta (formada por representantes del Ejecutivo y los trabajadores), que disponía de acuerdo a una calificación anual la regularidad con que se darían los ascensos. Asimismo, también se dispuso la acreditación de la antigüedad y mínimos salariales para las diversas categorías establecidas.

 

La presentación oficial de la normativa que regularía el trabajo de los municipales porteños contó con la presencia del propio presidente Perón, que acompañado de su esposa y del ministro del interior Angel Borlenghi, se dirigieron a una multitud de trabajadores agrupados frente a la Municipalidad de Buenos Aires. La determinación de asistir por parte del primer mandatario revela la importancia que tenía para el gobierno nacional el acuerdo, por el cual se reglamentaba la definitiva estabilidad de los trabajadores porteños, cuyo número ascendía a comienzo de la década de 1940 a 27.065, una cifra superior a la de toda la provincia de Buenos Aires.

 

A pesar de la presencia “federal” de la UOMunicipales a través de las “giras” y del interés de sus dirigentes en conformar una confederación con alcance nacional, al momento de establecer un escalafón que asegurase entre otros aspectos la ansiada estabilidad de los municipales, la entidad optó por concretar una solución de carácter local. En ello influyó el hecho que alcanzar un escalafón único con carácter nacional parecía un objetivo difícil de concretar, dado que las posibilidades financieras de los estados provinciales e incluso municipales eran sumamente heterogéneas, por lo que establecer una escala salarial uniforme suponía una tarea compleja, cercana a lo inviable.

 

Una mayor factibilidad presentaba la posibilidad de establecer una normativa que regulase el trabajo municipal a escala provincial. Con ese fin en enero de 1947 se constituyó en la provincia de Buenos Aires la Federación de Obreros y Empleados Municipales, mediante un congreso que reunió a 200 delegados provenientes de casi la totalidad de comunas bonaerenses. El encuentro tuvo lugar en La Plata con el auspicio del gobierno provincial y en su conducción se destacaron nuevamente Juan Ugazio y Pedro Otero, provenientes del sindicato municipal porteño. Los temas considerados resultaron comunes a los reclamos efectuados por la COEMA: salario familiar, aumento salarial, caja previsional y escalafón. Asimismo solicitaron una recomposición salarial que elevara el salario mínimo para obrero a 200 pesos, 220 para obreros especializados y empleados, así como también un aporte extra de 50 pesos para los casados y 10 pesos por hijo menor.

 

Los delegados visitaron al coronel Mercante quien expresó que “…el gobierno no pide el voto a nadie y el ciudadano tiene derecho a trabajar libre y honradamente y por ese derecho no debe vivir de rodillas ante ningún caudillo político…”, en clara alusión a las prácticas clientelares que usualmente regulaban el empleo público en los espacios comunales. En esa oportunidad el gobernador también aseveró que próximamente se establecería la jubilación de los empleados municipales y que los restantes aspectos considerados en el encuentro serían tratados por una comisión mixta conformada por funcionarios del Ministerio de Hacienda provincial y trabajadores.

 

En los años sucesivos la articulación federal que se había generado en torno de la COEMA se fragmentó en la medida que sus principales adherentes, la Unión de Obreros Municipales de la Capital Federal y la Federación de Obreros y Empleados Municipales bonaerense, se desafiliaron por diferencias con la conducción de Juan Ugazio. Este último, proveniente de la UOMunicipales, se enfrentó con los diversos interventores que primero la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego la CGT designaron al frente de su organización gremial. El conflicto se originó en la postergada normalización y convocatoria a elecciones internas dentro de la UOMunicipales, que aun seguía intervenida a mediados de 1949.

 

Este tensionado proceso dio lugar a la conformación de un nuevo grupo de dirigentes encabezados por Pedro Otero y que al igual que Juan Ugazio habían hecho sus primeras experiencias gremiales conjuntamente con Pérez Leirós. De esa forma, un nuevo proceso de recambio se produjo dentro del mismo grupo de dirigentes peronizados que habían iniciado su labor junto a los interventores a través de las comisiones asesoras, pero que paulatinamente comenzaron a buscar espacios de poder y autonomía.

 

Al desarticularse la COEMA los sindicatos municipales en el orden nacional perdieron a la entidad que los reunía y se concentraron en conformar las respectivas federaciones provinciales. En la provincia de Buenos Aires el nivel de participación de los sindicatos locales resultó muy intenso y bajo la conducción de dirigente de Avellaneda Gerónimo Izzeta se constituyó una sólida Federación.

 

En el orden nacional, la desarticulación de la Confederación recién se revirtió en diciembre de 1953, cuando se organizó una nueva entidad confederal: la Unión de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Esta organización se artículó sobre la base de un sólido entramado de organismos sindicales provinciales, entre los que se destacaba la Federación bonaerense, y su primer secretario general fue Pedro Otero, perteneciente el gremio porteño, en tanto que el resto del secretariado reunió a dirigentes de distantes distritos del interior del país.

 

La reorganización del Sindicato de empleados municipales de Bahía Blanca.

 

El empleo municipal durante el período de las comisionaturas (1943-1948).

 

La continuidad de gestiones conservadoras durante la etapa 1936-1943 supuso la conformación y permanencia de un plantel de empleados municipales afines con el partido gobernante, como rememoró un ex empleado “Casi todos teníamos que ser obligatoriamente, vuelvo a repetir obligatoriamente, de un determinado partido, porque sino no ligabas ningún puesto, ningún trabajo. De modo que yo realmente venía desde el Partido Conservador, pero el Partido Conservador era un partido tirando a oligarca pero era ese el que me daba el empleo, el que me daba el trabajo, de modo que yo seguía detrás del que me daba trabajo y todos hacíamos igual…”.

 

Siguiendo con esa lógica con el cambio de autoridades que se produjo luego del golpe militar de junio de 1943, el tema de las cesantías en el plantel de empleados municipales comenzó a ser considerado por los periódicos locales desde diversas posiciones. Por un lado, la prensa socialista le reclamaba al gobierno comunal que las eventuales modificaciones en el plantel de empleados, tuvieran en cuenta el desempeño individual de los funcionarios durante los fraudulentos comicios del 26 de abril de 1942. Cuando la maquinaria municipal se puso al servicio de las aspiraciones electorales del conservadorismo. El matutino Nuevos Tiempos afirmó en su espacio editorial que “Bahía Blanca y el país en general necesita servidores íntegros….”, en clara referencia al reprobable rol asumido por algunos trabajadores. Los restantes periódicos locales también abordaron el tema, siendo el aspecto central de todas las consideraciones la estabilidad de los empleados comunales.

 

 

 

Este debate se extendió también a buena parte de los municipios bonaerenses, por lo que el interventor federal de la provincia de Buenos Aires, Atilio Bramuglia, dispuso que la remoción o cesantía de los trabajadores municipales sólo se hicieran mediante la instrucción de un sumario y por motivos o faltas graves en el desempeño de la función. Incluso durante la gestión de su sucesor al frente del gobierno provincial, el General Ramón Albariño, se firmó el decreto 681, que establecía la estabilidad laboral para el personal de las municipalidades bonaerenses.

 

No obstante esto, las comisiones que asumieron la dirección de las municipalidades bonaerenses, no respetaron la estabilidad de los empleados, generando un creciente malestar en los diversos espacios comunales, que se intensificó a partir de la permanente renovación de los funcionarios designados por el interventor federal, quienes en ocasiones sólo estaban algunos meses en el cargo, hasta que las tensiones generadas por los procesos internos de un peronismo en formación afectaban su permanencia. Esta falta de continuidad restó eficacia a la gestión de los funcionarios e impidió un funcionamiento administrativo normal de las comunas. En parte por la incertidumbre que experimentaban los empleados municipales, ante la posibilidad inminente de perder sus cargos.

 

Frente a esta situación y con apoyo de otros organismos gremiales los trabajadores comunales bahienses se reorganizaron y conformaron 14 de agosto de 1944 nuevamente una entidad sindical que los representase: la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Bahía Blanca (UOEMBB). En la asamblea formativa estuvieron presentes los gremialistas porteños Pedro Otero y Nicolás Campos, enviados por la organización laboral que reunía a los municipales porteños, que sostuvieron que su presencia en la ciudad era parte de una gira que tenía como objeto la formación de sindicatos en todos los distritos bonaerenses.

 

Sin duda la colaboración de la entidad porteña resultó valiosa para la formación de su par bahiense, aunque también la amenaza inminente de una nueva oleada de despidos provocó la reacción de los municipales y motorizó su aspiración de conformar una entidad gremial. La conducción de la nueva agrupación estuvo desde un primer momento a cargo de Agustín Miguel, un empleado sin experiencia sindical previa que tempranamente adhirió al peronismo en formación. Esta ausencia de experiencia se debe a que la entidad que representaba a los trabajadores comunales bahienses se había disuelto a mediados de la década de 1930, por ende los trabajadores comunales no estaban habituados a la dinámica gremial.

 

Por entonces Agustín Miguel también participó de la Confederación Sindical Obrera (CSO), que aglutinaba al grupo de gremios instituidos en Bahía Blanca durante la gestión de Perón al frente de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Los dirigentes reunidos en la CSO en su mayoría no poseían antecedentes gremiales y su única práctica en la materia se había desarrollado bajo el clima propicio de la gestión del militar. Esto explica el hecho de que sus asociaciones hayan sido las protagonistas de todos los actos de reconocimiento y apoyo tributados en honor de Perón y su tarea en pro de los sectores trabajadores. Asimismo, a pesar de que en su estatuto la CSO defendía su independencia de cualquier fuerza partidaria, respetando la tradición “apolítica” del sindicalismo25, la entidad fue encabezada por el propio Miguel, que también resultó candidato a diputado provincial para los comicios de febrero de 1946 por el Partido Laborista, un aspecto que ratifica el vínculo entre la entidad gremial y el laborismo. Posteriormente, el 1 de abril de 1946, sobre la base de los 16 gremios reunidos en la CSO se constituyó la filial local de la CGT.

 

En ese contexto de intensa actividad gremial el recientemente creado sindicato de municipales bahienses siguió funcionando con normalidad. El 18 de octubre de 1945 sus afiliados adhirieron al paro motivado por la movilización que se efectuó el día previo en Buenos Aires, en apoyo a la obra del coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Poco después, en mayo de 1946, la comisión directiva convocó a una asamblea de afiliados, que contó con la presencia de 250 miembros, casi la mitad del total de empleados con los que contaba la comuna, lo que supone un apoyo generalizado a la conducción de la entidad y a su labor sindical. No obstante este alto nivel de participación, en esa misma reunión se produjo el rechazo a varios pedidos de afiliación de empleados comunales, situación que se reiteraría en otras oportunidades y que se originaba, según la prensa local, en el posicionamiento político de los aspirantes. Al asumir el siguiente comisionado Julio César Avanza en enero de 1946 nuevamente se produjeron cesantías, frente a lo cual el gremio municipal dispuso exigir la inmediata reposición de los despedidos. Para mediar en el asunto el propio Secretario General de la CGT Silvio Pontieri autorizó al delegado bahiense de la confederación, Américo de Luca, a intervenir en nombre de la misma con el fin de lograr la reincorporación de los municipales cesanteados. Una solicitud similar le envió la UOMunicipales porteña, que también le pidió que antes de intervenir esperase por la llegada de dirigente Pedro Otero. El interés evidenciado por la central obrera nacional se origina en la activa participación que Agustín Miguel estaba teniendo en el proceso formativo de la filial local, mientras que la rápida respuesta de la UOMunicipales revela el rol tutelar que la entidad buscaba generar sobre los sindicatos municipales de reciente creación.

 

 

En forma paralela, Avanza gestionó ante el interventor federal provincial un pedido de recomposición salarial de acuerdo a lo solicitado por el sindicato municipal, dejando entrever cómo a pesar de su interés por superar el retraso salarial de los trabajadores y de reconocer la legitimidad del pedido gremial, no abandonaba las prácticas tradicionales que atentaban contra la estabilidad de los trabajadores.

 

No obstante su posición inicial, ante las presiones recibidas, tanto locales como de orden nacional, el comisionado Avanza accedió a reponer a algunos empleados pero mantuvo su decisión de apartar a otros, acusados de haber infringido el decreto provincial que prohibía expresamente la realización de actividades políticas por parte de los empleados públicos y de inconductas administrativas.

 

Esta determinación fue duramente criticada por el principal matutino local que advirtió como el comisionado toleró la presencia de conspicuos dirigentes del sindicato municipal en la estructura local del Partido Laborista, la candidatura de Agustín Miguel a diputado provincial era el caso más notorio, pero sancionó a otros por ese motivo.

 

La discrecionalidad exhibida al momento de imponer sanciones, revela cómo el comisionado Avanza en el inicio de su gestión optó por no castigar a miembros del sindicato para evitar conflictos con la entidad. Incluso durante los primeros meses de su administración Agustín Miguel ocupó el cargo de Inspector Municipal, un puesto clave en la administración municipal, al que fue ascendido desde un ignoto puesto en la dirección de parques y jardines. No obstante esto, el sindicato criticó duramente la decisión del funcionario y convoco a una asamblea de asociados donde se expuso la situación y se acusó al comisionado de violar el decreto de estabilidad dispuesto por la intervención federal. En esta ocasión Agustín Miguel sostuvo “…el comisionado había seguido las viejas prácticas de las cesantías por mejor servicio, sin sumario y sin contralor, reeditando así sistemas por cuya anulación había bregado el sindicato…”.

 

A pesar de las presiones recibidas el comisionado mantuvo su determinación, lo que implicó un descrédito para la imagen pública del Sindicato de trabajadores municipales, cuyas acciones no resultaron efectivas. Esto fue advertido por el delegado local de la CGT Américo De Luca, quien informó al secretario en el orden nacional de la entidad Silvio Pontieri, que el conflicto municipal se resolvió en forma negativa para los intereses del sindicato en cuestión. Al analizar las razones de ese desenlace De Luca advirtió sobre la inexperiencia de los dirigentes y que “La vida política pesaba sobre ellos más que la sindical. Es que los compañeros municipales tienen la desgracia de depender de forma muy directa del caudillo. Para desgracia del movimiento obrero el caudillo no ha desaparecido y en esos momentos se está manifestando…”.

 

El prolongado enfrentamiento que mantuvo el comisionado Avanza con la organización sindical municipal aceleró su partida del cargo, fue sucedido por otro dirigente de origen radical Santiago Bergé Vila. Tanto él como los demás funcionarios que estuvieron al frente de la comuna bahiense entablaron una relación afectada por profundas disidencias con el gremio. Pero incorporando un nuevo factor de conflicto: las tensiones derivadas de la interna partidaria peronista que se realizó en septiembre de 1947. Es que a partir de la unificación de todas las fuerzas peronistas en el Partido Único de la Revolución Nacional primero y luego en el Partido Peronista, se inició un proceso tendiente a darle organicidad a la nueva agrupación. Esto dio lugar a la constitución de facciones que tenían como principal objetivo alcanzar la conducción partidaria del peronismo en los niveles local y provincial, de manera tal que las tensiones que afectaban a la relación de los comisionados con los trabajadores municipales se complejizaron, al inmiscuirse intereses faccionales en los despidos y nombramientos de trabajadores comunales.

 

En lo que respecta al trabajo de los municipales a pesar de lo dispuesto por el decreto provincial 681, el comisionado municipal Santiago Bergé Vila determinó el despido de varios trabajadores, poco después de asumir en agosto de 1945. No obstante cuando fue sustituido en el cargo por Rafael Laplaza, intendente electo en 1948, el nuevo funcionario reconsideró la medida y al ser interrogado sobre la estabilidad del personal municipal sostuvo que sólo la ineficiencia o la falta de honestidad serian razones para prescindir de los servicios de un funcionario municipal.

 

Los “municipales” bahienses frente al peronismo.

 

 

Después de dos años de haberse efectuado las elecciones en el orden nacional y provincial, en marzo de 1948 se realizaron los esperados comicios municipales. Al igual que una amplia mayoría de los municipios bonaerenses el peronismo se impuso con cierta facilidad en Bahía Blanca, resultando electo como intendente municipal Rafael Laplaza. Luego de asumir, la bancada de concejales peronistas presentó en el Concejo Deliberante un proyecto estatuto para los empleados del municipio, cuya aprobación tuvo lugar el 26 de julio de 1948. De esa forma los 621 trabajadores comunales alcanzaron finalmente un estatuto que regulaba las condiciones laborales de los empleados municipales, asegurando la estabilidad de los trabajadores y estableciendo un escalafón.

 

Por entonces el sindicato contaba con 500 afiliados y desde 1947 su dirección estaba a cargo de una comisión directiva integrada por Francisco Mérida como secretario general, Francisco Alaggio prosecretario, Agustín de Salvo tesorero, Nazareno Frapicchini protesorero, Jorge Rodríguez secretario de actas y como vocales Agustín Miguel, Pedro Cendra, Tomás San Martín, José Franco, Luis Maza, Lorenzo Cenicola y Rosario Bermúdez. Siendo los revisores de cuentas José Carrete, Antonio Almaraz y Héctor Garbiero.

 

El intendente Laplaza se mantuvo en el cargo hasta julio de 1949, cuando insalvables diferencias con los concejales de su propio partido lo obligaron a renunciar. Fue reemplazado en el cargo por José Aralda quien afirmó al momento de asumir que impulsaría un reordenamiento interno para lo que requería el apoyo de los trabajadores “…..pudiendo tener los mismos la seguridad de que no serán molestados ni removidos de sus puestos, y si alentados en sus aspiraciones personales por el reconocimiento debido a sus esfuerzos”.

 

Pese a esta declaración poco después de comenzar su gestión las discrepancias entre los trabajadores y el gobierno comunal recomenzaron. Sin embargo, a diferencia de los pleitos anteriores el origen de la disputa no fue las cesantías de empleados, sino las diferencias al momento de interpretar el estatuto, en particular los artículos que regulaban las condiciones para los ascensos, el aspecto que más importaba a los empleados una vez que la estabilidad de sus puestos estuvo asegurada por dicho marco regulatorio.

 

 

La UOEMBB objetó algunas designaciones por considerarlas antiestatutarias, ante lo cual el intendente respondió negándole validez a la acusación. La intransigencia de las posiciones acentuó la intensidad del conflicto y culminó con una huelga de los trabajadores comunales. Esta medida afectó la viabilidad de una solución en el orden local, por lo que intervino la Federación que en el medio provincial reunía a los sindicatos municipales y el Ministro de Gobierno bonaerense Héctor Mercante. Este último solicitó a la UOEMBB que depusiese su actitud ante la promesa del intendente de acceder a los reclamos efectuados.

 

Finalmente la mediación ministerial resolvió el conflicto y fueron reconsiderados algunos movimientos de personal. Para dar término al asunto el propio ministro viajó a Bahía Blanca y con su visita dejo en claro no solo el interés del gobierno provincial por resolver definitivamente la disputa gremial, sino también su interés por sostener en su puesto al intendente Aralda.

 

Durante este proceso se conformó la Agrupación Peronista de Obreros Municipales, una entidad paralela al sindicato existente con el cual discrepaba en su forma de gestionar, como lo explicitaron sus referentes a través de la prensa local. Si bien no existen elementos para asegurarlo, es lógico suponer que la figura del propio intendente Aralda colaboró en la gestación de esa entidad, cuya labor sólo se extendió por unos meses y tuvo como meta disputar la representación de los empleados comunales a la UOEMBB.

 

Esta actitud originó que al producirse la interna del Partido Peronista de diciembre de 1949, la UOEMBB apoyara la candidatura de una de las facciones opuestas a la liderada por José Aralda, incluso aportando varios candidatos para el consejo partidario local. La medida restó adherentes al sector que encabezaba el intendente municipal y posibilitó el triunfo de la línea interna conducida por el diputado nacional Eduardo Forteza.

 

Por ese sector resultó electo intendente en los comicios del 12 de marzo de 1950 Norberto Arecco, cuya relación con el sindicato municipal no diferirá de la de su antecesor. Su llegada al ejecutivo local estuvo directamente ligada a la voluntad del principal referente del peronismo seccional el legislador Eduardo Forteza, quien fue el propulsor de su candidatura. A pesar de ese vínculo político, el Sindicato de Trabajadores Municipales criticó severamente la forma en que se aplicó durante su administración el Estatuto que regulaba el trabajo en la comuna. Frente a una concurrida asamblea Agustín Miguel denunció “…el favoritismo del que hacían gala muchos empleados que no cumplían horario o que simplemente iban a cobrar el sueldo” que, conjuntamente con algunas cesantías injustificadas, había determinado que la entidad que lideraba denunciara públicamente al ejecutivo local.

 

Esta determinación supuso un cuestionamiento abierto a una de las máximas autoridades locales del Partido Peronista y reveló la capacidad de presión que el Sindicato de municipales mantenía sobre los jefes comunales, aún cuando estos estuviesen respaldados por dirigentes seccionales, como es el caso de Arecco, o provinciales, como ocurrió con Aralda.

 

 

 

La dinámica presentada por el sindicato de municipales en el orden local revela la existencia de tensiones entre la organización sindical y la administración local, conducida durante toda la etapa analizada por el peronismo. Esta disparidad de posiciones respecto a factores inherentes a la conducción del personal municipal supone cierto grado de autonomía de la entidad gremial respecto de los lineamientos de la conducción partidaria local. No obstante la condición de peronista que tempranamente revela el equipo de conducción la UOEMBB, éste priorizó sus intereses específicos o bien los reclamos y las presiones de los núcleos de afiliados, generadores primarios de las reivindicaciones sectoriales, por sobre la verticalidad partidaria.

 

Conjuntamente con su labor política y sindical la UOEMBB impulsó acciones orientadas a responder a las necesidades de sus afiliados y para ello se adquirió en 1948 una sede de la calle Donado 441. La compra fue posible a partir del aporte de los afiliados y del estado bonaerense, mediante un crédito de 50.000 otorgado por el gobernador Domingo Mercante para la compra de un local gremial y la instalación de una unidad sanitaria.

 

En esa propiedad funcionó el salón de reuniones, una biblioteca y la secretaria de un diario institucional denominado El Municipal, que se comenzó a publicar en 1947 con el fin de comunicar a los afiliados las acciones de la organización y los servicios a los cotizantes. Esta labor de difusión se complementaba con un programa radial conocido como “El municipal en el éter”, que con carácter semanal se transmitía por LU3.

 

En los años que siguieron la labor del Sindicato se incrementó, tanto en acciones de carácter gremial como en la prestación de servicios para sus afiliados. Un ejemplo de ello fue la apertura, con motivo del octavo aniversario de su creación, en 1953, de los consultorios médicos y odontológicos en la sede gremial.

 

En lo que respecta a la conducción gremial durante todo el período que abarca la etapa que coincide con las dos primeras presidencias de Juan Perón (1946-1955), el principal referente gremial del Sindicato fue Agustín Miguel. Fue él quien condujo el sindicato luego de su reorganización en 1944 y hasta 1947, cuando fue reemplazado momentáneamente al frente de la entidad por Francisco Mérida, pero retornó la función de secretario general en 1949. En esta última oportunidad, Miguel fue acompañado en la nueva comisión directivas por Agustín de Salvo, Alberto Gayan, Clemente Garbiero, Luis D´Amato, Luis Virumbrales, Rosario Bermúdez, Lorenzo Cenícola, José Franco, Antonio Becchio y Santos Salecchia.

 

En 1951 se produjo una renovación parcial del cuerpo directivo y la asamblea de asociados por unanimidad eligió la continuidad de la comisión que estaba en funciones. Al acto de renovación asistió Manuel Otero, en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de Buenos Aires, y Saturnino Cadenas, enviado por la Federacion provincial de trabajadores comunales. Este último resaltó las mejoras obtenidas por los trabajadores del sector y la voluntad de apoyar la reelección del presidente Perón, objetivo que se cumpliría en mayo de 1952.

 

Una nueva elección se efectuó en mayo de 1953, siendo reelecto Agustín Miguel por 505 votos. En esta ocasión, la elección no se hizo por aclamación sino mediante el voto secreto de los afiliados. Una metodología similar se empleó en 1954 al producirse una nueva renovación de la comisión, pero a diferencia de las oportunidades anteriores se presentó una lista opositora, integrada por dirigentes que previamente habían formado parte de la comisión directiva, un dato que revela la existencia de importantes diferencias internas en la organización.

 

No obstante la formación de un grupo opositor, la Lista Rosa (Lista Justicialista Perón y Eva Perón) conducida por Miguel se impuso por 344 votos contra 213 de la Lista Verde (Lista Peronista), que tenía a Agustín de Salvo como su principal referente. Con ese resultado la comisión gremial quedó integrada por Agustín Miguel como secretario general, Luis Virumbrales secretario adjunto, Nazareno Frapiccini secretario de organización, José Santamaría secretario administrativo, Luis D´Amato tesorero, Antonio Gaggiotti tesorero, Carlos Zonco secretario de actas y José Franco, Ricardo Mazzuchelli, José Crisotomi, Ramón Zabala, Daniel Hernández, Benito Puig, Armando Cela, Mariano Chinchurreta y Domingo Baratelli como vocales.

 

En esos años también fueron electos los representantes de los empleados municipales ante la Junta de Calificación y Disciplina. Siendo los delegados del propio sindicato los que ocuparon esa función durante la etapa 1945- 1955, al imponerse en las sucesivas elecciones, ya sea como lista única o frente a otros sectores internos.

 

La continuidad del equipo gremial que se había conformado en torno al dirigente Agustín Miguel se mantuvo y fue avalada en repetidas ocasiones por el apoyo de un sector mayoritario de los afiliados. A pesar de ello, el sindicato fue intervenido en mayo de 1955, por disposición de la Federación provincial de trabajadores municipales. Los motivos de la medida fueron presentados ante la prensa y se originaron en la creciente politización que había experimentado el sindicato bahiense, a raíz de la intervención de personas ajenas al mismo en las negociaciones gremiales. Al mismo tiempo fue cuestionada la gestión administrativa y ciertas actitudes antiestatutarias.

 

A partir de la intervención el sindicato fue administrado por un delegado enviado por la Federación, que determinó también suspender a Agustín Miguel y a un importante grupo de afiliados que habían colaborado con él en diversas comisiones. No obstante la gravedad del proceso que se inició con la intervención, el conflicto se resolvió en forma regular debido a que el golpe militar de septiembre de 1955 año clausuró la actividad sindical por varios años.

 

En lo que respecta al funcionamiento de la estructura municipal, cuando finalizó la “década peronista” el gobierno municipal funcionaba sobre la base de tres secretarías principales dependientes del intendente: Secretaría de Gobierno y Hacienda, Secretaría de Obras Públicas e Higiene y la Secretaría de Cultura y Asistencia Social. Las dos primeras existían con antelación, en tanto que la tercera fue creada en 1950 con el fin de brindar “arte para el pueblo en la difusión intensiva de los actos culturales y ayuda social, dentro de las normas de dignificación del necesitado”, según aclaró la ordenanza. Todas estas secretarías contaban con direcciones y dependencias de menor importancia, algunas de las cuales también fueron creadas durante este período. Asimismo, con un nivel de relevancia menor operaba la Secretaria Privada y el Departamento de Asuntos Legales.

 

Esta estructura presentaba rasgos similares con el diagrama organizativo precedente de gobierno pero también aspectos renovadores, especialmente en el área de salud en la que se municipalizaron las salas médicas que hasta entonces dependían de sociedades de fomentos vecinales. Inicialmente fueron las salas de Villa Mitre, Ingeniero White, General Cerri y Cabildo, las que pasaron a depender del estado comunal. Posteriormente, en 1954, un proceso similar alcanzó a las organizaciones vecinales de salud que funcionaban en los barrios Villas Rosas, Aldea Romana, Barrio San Martín y La Falda, en todos los casos fueron los propios vecinos quienes solicitaron la incorporación. De esa forma, las entidades se aseguraban el financiamiento de los empleados y médicos, hasta entonces a cargo de los asociados.

 

En lo que respecta a la composición del personal, según un relevamiento efectuado en 1947, con motivo de un censo provincial de empleados públicos, trabajaban en la comuna 556 personas40. De las cuales 375 eran personal administrativo, de mantenimiento y obreros, 171 cumplían tareas en el Hospital Municipal y sólo 10 en el Hogar del Niño de Villa Rosas. Resulta necesario destacar que un ínfima parte de los empleados eran mujeres, que en su mayoría trabajaban como enfermeras, mucamas y cocineras del Hospital, donde totalizaban un grupo de 23 empleadas. A ese número se sumaban 9 mujeres que se desempañaban en el Hogar del Niño, mientras que en el resto de las dependencias solo se empleaban 6 mujeres. Esta desigual distribución no hace más que reafirmar las características del modelo social de la época, que relegaba a la mujer a cumplir un rol en el ámbito hogareño y familiar. Y en el caso que quisiera o tuviera que trabajar lo hacía en tareas vinculadas a su rol de madre o esposa, como lo refleja la mayor participación en el medio hospitalario o en los hogares infantiles.

 

Otro aspecto relevante para los trabajadores municipales durante esta etapa fue la conformación en 1950, de la Dirección de Obra Social del Personal de la Municipalidad de Bahía Blanca, mediante la Ordenanza N°210. La nueva entidad tendría a su cargo la asistencia sanitaria del personal y sus familiares y el subsidio para gastos de entierro, entre sus principales tareas. Su conducción estaría a cargo de un Consejo de Administración integrado por el presidente del Concejo Deliberante, el contador y tesorero municipal y dos representantes del personal, un administrativo y el otro obrero. Estos últimos serían electos por votación secreta entre los empleados comunales. Se dispuso también en la ordenanza de creación que el gobierno local proveyera una suma inicial, que permitiría el inicio de las actividades, y luego sería el aporte de los trabajadores el que sostendría los gastos de la entidad.

 

Los trabajadores municipales entre la resistencia y la normalización

 

 

Al igual que el resto de las organizaciones gremiales, el sindicato que representaba a los trabajadores municipales bahienses fue intervenido luego del golpe militar que derrocó al presidente Perón, en septiembre de 1955. A cargo del mismo fue designado Emilio J. Lobato, que asumió la función de interventor por mandato del Comando Naval Revolucionario del Sur, denominación asumida por los golpistas bahienses.

 

En lo sucesivo la actividad gremial se paralizó debido a la presión policial y al accionar de las autoridades municipales, poco interesadas en fomentar la actividad sindical, que había tenido un momento de auge en los años previos. Esta situación perduró hasta diciembre de 1958, cuando el gremio se normalizó con la elección de una nueva comisión directiva y comenzó a funcionar nuevamente, con la denominación de Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca.

 

Al frente de la nueva comisión se ubicó como secretario general un empleado administrativo de 43 años, llamado Isidro Ramón Malet que, con antelación a 1955, había sido delegado en la sección recaudación. En la gestión que comenzaba lo secundaron Alfredo Ponte como prosecretario, Enrique Motta tesorero, Alberto Jorge protesorero, Lorenzo Suárez secretario de actas y Feliciano Madone, J. Meneses y H. Lotto, como vocales. Algunos de ellos tenían experiencia gremial mientras que otros recién se iniciaban en la actividad sindical.

 

 

Poco después de asumir la nueva comisión comenzó las negociaciones con el gobierno provincial y local, para que se aceptara la vigencia de la ordenanzaestatuto del personal municipal que se había aprobado en 1950 y abolido con el golpe militar de 1955. Luego de intensas discusiones, en parte motivadas porque la normativa había sido promulgada durante el período peronista, la comuna dispuso su aplicación y de esa manera el mecanismo de regulación del movimiento e ingreso de empleados –con la intervención de la Junta de Calificación y Disciplina– se puso nuevamente en funciones.

 

Seguidamente, el foco de la discusión gremial se orientó al problema salarial y al reconocimiento de los derechos conquistados, que en muchos casos no habían sido reconocidos por la intervención federal que gobernaba la provincia de Buenos Aires. La negociación fue intensa y los logros progresivos, de manera tal que el sueldo básico pasó de $ 800 en 1956 a $ 2200 en 1959, un incremento que resultaba acorde con el proceso inflacionario.

 

También se logró la reincorporación de Agustín Miguel, que había sido cesanteado por su labor gremial luego del derrocamiento del gobierno peronista. La medida fue única en la provincia de Buenos Aires, a pesar que los despidos habían afectado a buena parte de la dirigencia obrera municipal en la mayoría de los distritos bonaerenses.

 

Es preciso reconocer que si bien las acciones gremiales fueron impulsadas por la comisión directiva, contaron con el apoyo de un cuerpo de delegados que se integró entre 1957 y 1958, con representantes electos en los diversos sectores de la administración comunal. Su importancia fue reiteradamente reconocida por la dirección gremial, tal es así que en una edición del periódico institucional se afirmó que “El delegado es, en una palabra, la columna vertebral de la Asociación. Como no se concibe un organismo humano sin ella, de la misma manera no se concibe la vida de la Asociación sin delegados”. En especial porque fueron los representantes de base quienes posibilitaron que la actividad gremial se consolidara y extendiera por las diversas dependencias municipales, en un periodo en el que el movimiento obrero era objeto de fuertes críticas por parte de las principales fuerzas políticas y en especial de las fuerzas armadas.

 

Conflictividad gremial y medidas de fuerza

 

Luego de cumplirse el mandato de la comisión designada en 1958 el sindicato convocó nuevamente a elecciones para renovar su conducción. Los comicios internos se efectuaron el 23 de noviembre de 1959 y fueron dos las listas que se presentaron, Rosa y Blanca, la primera encabezada por Malet y la segunda por Luis D´Amato. Este último había acompañado a Agustín Miguel como tesorero, en la etapa previa a 1955, para luego abandonar momentáneamente la actividad sindical.

 

Las elecciones se realizaron en un clima de total normalidad y se votó en tres urnas habilitadas, dos en el palacio municipal y la tercera en el Hospital Municipal, resultando vencedora la Lista Blanca, que impulsaba la reelección de Isidro Malet, que obtuvo 265 votos contra 165 de su oponente. Los restantes dirigentes electos fueron Lorenzo Cenicola como prosecretario, Alberto Gayan secretario de organización, Enrique Motta secretario de finanzas, Manuel Muños secretario de acción social, Pedro Sendra secretario de prensa y Alberto Gamero, Raúl Martínez y Osvaldo Rodríguez como vocales.

 

Al asumir la nueva dirección gremial, el gobierno municipal de Bahía Blanca era conducido por el dirigente radical desarrollista Haroldo Casanova, que había sido electo en 1958 cuando llegó a la presidencia Arturo Frondizi. Durante su gestión al frente del ejecutivo municipal mantuvo una relación armónica con el sindicato, tal es así que la reunión efectuada por el día del trabajador municipal el 23 de octubre de 1959, contó con la presencia del intendente y de los concejales oficialistas. Asimismo, al año siguiente el sindicato presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para crear la Dirección de Obra Social del Personal municipal, una dependencia que había sido fundada en 1950, pero que luego dejo de funcionar. El formato que presentaba la entidad era similar al del proyecto anterior, debido a que contemplaba una conducción formada por funcionarios y representantes de los trabajadores. La iniciativa fue apoyada por el legislativo municipal y la entidad de asistencia social comenzó a operar poco después.

 

Asimismo, con el fin de brindar asistencia a los trabajadores retirados el 6 de octubre de 1958 se conformó la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Bahía Blanca, cuya primer comisión directiva electa fue liderada por Francisco Mérida, un dirigente que previamente había formado parte del sindicato de trabajadores. Las gestiones de esta entidad se orientaron a solucionar los problemas previsionales de los trabajadores, tanto de aquellos que se habían jubilado, como de los que se encontraban realizando los trámites respectivos. En lo sucesivo y durante el resto de la década de 1960 la relación de las organizaciones gremiales, tanto las que representaban a los trabajadores privados como estatales, con el sector patronal y el estado se deterioraron. Los planes de lucha promovidos por los gremios se originaron tanto por reivindicaciones laborales y reclamos salariales, como por motivaciones de carácter político, suscitadas por la mayoritaria pertenencia peronista de los trabajadores y sus sindicatos, que consideraban que la lucha gremial era una forma de desestabilización para aquellos gobiernos que le negaban al peronismo la posibilidad de reinsertarse en la vida electoral.

 

 

 

Esa fue la situación del sindicato de municipales bahienses que mantuvo diversos conflictos salariales, con los funcionarios que estuvieron al frente del municipio bahiense a partir de 1962, cuando un nuevo golpe de estado derrocó al presidente Arturo Frondizi, al mismo tiempo que terminó con la gestión del intendente municipal Haroldo Casanova. Este último fue sucedido en el cargo por Alejandro Pérez, que asumió como comisionado municipal en 1963. Poco después de iniciada su gestión se manifestaron importantes diferencias con la dirección sindical municipal, con motivo de la incorporación de trabajadores con carácter interino, en una evidente discrepancia con la ordenanza-estatuto que regulaba el ingreso al empleo municipal.

 

En el orden salarial el sindicato solicitó la inclusión de un aumento del 30 %, al momento de discutirse el presupuesto de gastos para 1964. Para la conducción sindical el pedido se originó en el hecho que “si bien es cierto que los sueldos que actualmente perciben los servidores municipales aún con el aumento obtenido en el presente año y el del Salario Vital Móvil no son ínfimos, tampoco se podrá manifestar que los mismo pueden sufragar holgadamente un hogar compuesto por cuatro personas, pues el aumento de los artículos de primera necesidad, los de las viviendas, las vestimentas, etc., insumen la casi totalidad de los mismo”4. Como se advertía en la publicación gremial las causas de las dificultades salariales se originaban en la inflación, que por entonces ya se comenzaba a manifestar como uno de los problemas estructurales de la economía argentina. Poco después, se cumplió el mandato de la comisión en funciones y se efectuó una nueva convocatoria para renovar la comisión directiva. Con ese fin se presentaron dos agrupaciones, las listas verde y azul, encabezadas respectivamente por Isidro Malet y Miguel Lobos. La elección tuvo lugar el 16 de diciembre de 1963 y al día siguiente la Junta Electoral comunicó que sufragaron 687 afiliados (80 % del total), obteniendo la Lista Verde 361 votos frente a los 321 de la Lista Azul. Con ese resultado fue reelecto Malet por un nuevo mandato. El inicio de la nueva gestión se produjo poco después que Federico Baeza asumiera la intendencia municipal, luego de resultar electo por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), una de las fracciones en la que se había dividido el radicalismo. Al igual que durante la gestión de Haroldo Casanova, la relación del sindicato de los trabajadores municipales con Baeza transcurrió en buenos términos, siendo el tema salarial el principal factor de conflicto. Su labor al frente del ejecutivo municipal se extendió hasta 1966, cuando un nuevo golpe militar derrocó al presidente Arturo Illia y por consiguiente culmino abruptamente con la gestión de Baeza en la comuna bahiense.

 

Lo sucedió en al cargo por espacio de tres años Luis Maria Esandi, designado como intendente por el gobierno militar. Su administración se caracterizó por las tensas negociaciones que mantuvo con el sindicato de trabajadores municipales, luego que impulsara un proceso de racionalización de la planta de personal, a partir de la jubilación anticipada de empleados. La disposición fue resistida por la organización gremial, por entender que afectaba la estabilidad laboral de los trabajadores, sin que esto redundase en un mejor funcionamiento administrativo. En especial porque:

 

En algunos casos, agentes municipales que después de muchos años de trabajo y cumplimiento habían logrado una jefatura, como justa compensación a sus esfuerzos, se vieron de pronto sorprendidos por la medida aplicada y debieron retirarse contra su voluntad de la actividad que con tanto celo y amor habían desempeñado.

 

A pesar de la negativa el proceso se implementó provocando la cesantía de varias decenas de empleados, que forzadamente debieron aceptar una jubilación anticipada, con financiamiento municipal, hasta tanto alcanzaran la antigüedad requerida. Para tratar el tema el presidente de la Federación provincial de trabajadores municipales Gerónimo Izzeta, conjuntamente con Isidro Malet, se reunieron con el intendente Esandi, sin llegar a un acuerdo. La presencia del dirigente gremial respondió al hecho que las jubilaciones de oficio, que encubrían la cesantía de trabajadores, también afectaban a los planteles de empleados de otros distritos bonaerenses. Si bien los afectados, en algunos casos, eran empleados que estaban cerca de alcanzar los requisitos jubilatorios, las organizaciones gremiales resistieron tenazmente la medida debido a que afectaba la estabilidad laboral, un principio básico sobre el cual no se quería iniciar ningún tipo de negociación.

 

El sostenido reclamo del sindicato posibilitó que algunos trabajadores fueran reincorporados, en tanto que otros optaron por continuar con el proceso jubilatorio. Pero las discrepancias no se limitaron a ese conflicto, sino también afectaron al proceso de ingreso de los nuevos empleados, que no fue regulado por los procedimientos estipulados, a tal punto que la organización gremial declaró:

 

El desconocimiento de la Juna Calificación y Disciplina, la no participación del gremio en todo cuanto hace al desenvolvimiento del personal, son hechos que han lesionado sensiblemente nuestras relaciones con el Departamento Ejecutivo, al cual por otra parte siempre se le ofreció la máxima colaboración.

 

A través de esta declaración, incluida en la memoria institucional, el sindicato reafirmó la idea que el criterio unilateral y arbitrario, evidenciado por el ejecutivo local, debe ser “desarraigado total y definitivamente”. No obstante los intentos de la organización gremial por mantener los puestos de trabajo, uno año después de iniciada la gestión del intendente de facto Luis María Esandi el número de trabajadores comunales se había reducido de 1229 a 1211, siendo el área administrativa el sector que aportó la mayoría de puestos perdidos.

 

Las disidencias entre la organización sindical y el gobierno local se extendieron también al orden salarial, a raíz de la negativa del ejecutivo local a otorgar los aumentos acordados, entre ellos el que correspondía por haber sido elevada la ciudad de Bahía Blanca a municipalidad de primera categoría. No obstante ello, el intendente se negó a otorgar incrementos para el periodo 1968, determinación que fue rebatida en sucesivas oportunidades por el sindicato, cuyos dirigentes intentaron elevar el reclamo al gobierno provincial que, conducido por el general Francisco Imaz, ni siquiera les brindó una audiencia. Con esa actitud quedó evidenciada la determinación del gobierno de facto, de no acceder a los reclamos de las organizaciones gremiales.

 

Del mismo modo, las presiones ejercidas por el gobierno bonaerense para incorporar a los afiliados de la obra social de los trabajadores municipales a IOMA, fue resistida por la dirección sindical. Debido a que la maniobra tenía como único objetivo el de mejorar la situación financiera de la obra social provincial, en perjuicio de las obras sociales locales. A pesar de la resistencia planteada por el gremio, la determinación del gobierno bonaerense no fue reconsiderada y en algunas prestaciones se debió aceptar la cobertura de la prestataria provincial.

 

 

 

Las disidencias entre el intendente de facto y la organización sindical se acentuaron en 1968, a raíz de la suspensión por 11 meses de la ordenanza 356 que establecía el estatuto para el personal municipal, en lo que correspondía a las disposiciones para el nombramiento y ascenso de los trabajadores comunales. Esta medida, que se mantuvo hasta el final de la dictadura militar en 1973, se originó en una ordenanza provincial que regulaba las relaciones laborales para el conjunto de las comunas bonaerenses y que ponía a los trabajadores en una situación de completa desventaja respecto del sector empleador.

 

En ese marco conflictivo se produjo la renovación de la dirección sindical. La elección se efectuó en diciembre de 1967 y sólo se presentó la Lista Verde, que obtuvo una total de 528 votos positivos, siendo reelecto como secretario general Isidro Malet. Que fue acompañado en esa oportunidad por Lorenzo Cenícola, Antonio de Luisa, Manuel Muñoz, Néstor Castoldi, Honorio Aparicio y Feliciano Madonne, en las diversas secretarias. En tanto que Nelo Enrique Frolla, Abraham Ascar, José Carabeta, Rolando Villareal, José Muñiz, Eduardo De Salvo, Néstor Rivademar, Carlos Usunoff, Jorge Salomón y Alfredo David, fueron los vocales de la nueva comisión. El porcentaje de votantes no fue elevado, en especial si se considera que el número de empleados comunales se había incrementado, alcanzando para 1967 un total de 1312, incluyendo supernumerarios y efectivos.

 

El movimiento obrero y la dictadura militar

 

Si al iniciarse la dictadura del general Onganía en 1966, algunos sectores sindicales buscaron un acercamiento con el gobierno militar, la situación se había modificado hacia 1969, cuando el modelo económico propuesto por el gobierno de facto mostró un perfil que no encuadraba con las aspiraciones de los sectores asalariados. A eso se sumó el creciente descontento político producto de la falta de libertad de expresión, así como también del clima represivo promovido por un estado autoritario.

 

Ambos factores impulsaron a los sindicatos cordobeses, de carácter clasista y con menos vinculación con las estructuras sindicales tradicionales, a generar un levantamiento popular en concordancia con estudiantes universitarios, en lo que se conoció como el “Cordobazo”. Un movimiento que fue seguido por otros similares en diversos lugares del país, evidenciando el cansancio de la población respecto de la dictadura militar.

 

Este proceso promovió también una serie de acciones de protesta por parte de los empleados de los diversos municipios bonaerenses. En tal sentido, la federación provincial de sindicatos de trabajadores comunales, luego del congreso efectuado en Mar del Plata en 1970, efectuó una declaración en la que sostenía:

 

Ante la actuación de intendentes municipales que abusan de los resortes presupuestarios contratando funcionarios – en muchos casos con asignaciones fastuosas – que siempre tamponan las aspiraciones justas de trabajadores municipales con muchos años de servicio y reconocida capacidad a quienes se retacea un merecido ascenso, el congreso general extraordinario solicita al consejo directivo de la Federación …requiera del gobierno provincial el cumplimiento de las disposiciones legales que impiden esa actuación, que se controle trimestralmente el uso de las partidas y fondos que se utilizan para tales transgresiones, y la separación de los intendentes que se encuentran en pugna con los sindicatos, por los perjuicios sociales, gremiales y económicos que soportan los afiliados.

 

A pesar de este reclamo las gestiones por el reconocimiento de derechos adquiridos y la aplicación de aumentos salariales, fueron una constante en este período. En ocasiones fueron acompañados por otras reivindicaciones, como los vinculados a la cobertura de vacantes, la provisión de ropa de trabajo y la continuidad del servicio fúnebre municipal, una iniciativa del sindicato motivada en el alto costo de los sepelios privados.

 

 

 

 

En el caso de Bahía Blanca la medida de fuerza más significativa durante este período fue la huelga que se inició el 30 de octubre de 1972, primero con un plan de lucha de tres días de duración y luego con una huelga por tiempo indeterminado. El objetivo de estas acciones fue exigir un incremento salarial superior al 12 % dispuesto por el poder ejecutivo nacional y reclamar por los aumentos otorgados por el gobierno nacional en los años anteriores, pero que no fueron reconocidos por la mayoría de los distritos provinciales ni municipales por falta de recursos económicos.

 

Con el fin de informar a la ciudadanía de las motivaciones del paro, la comisión directiva de la entidad gremial emitió un comunicado, en el que se indicaba que la medida no tenía solo un objetivo salarial, sino que por contrario perseguía intenciones más amplias, algunas de las cuales tenían que ver con el represivo contexto político nacional. En tal sentido el texto indicaba que el paro era:

 

…por un sueldo digno y decoroso acorde con el elevado costo de vida; por la rebaja del aporte jubilatorio del 13 al 8 por ciento; por la reforma del estatuto del personal municipal, injusto, antiobrero einhumano; por el reconocimiento de los derechos que corresponden a nuestros jubilados y pensionados; por la total efectivización del personal temporario; por la abolición de la pena de muerte; derogación de todas las leyes represivas y la libertad de todos los presos políticos, gremiales y estudiantiles.

 

 

 

Ante estas acciones el intendente Víctor Puente afirmó que la comuna no estaba en condiciones de afrontar un incremento salarial, al mismo tiempo que solicitó a los trabajadores comunales que se abstuvieran de realizar la medida de fuerza y continuaran con las negociaciones. Esta solicitud no fue atendida por los trabajadores municipales que, en sucesivas asambleas, ratificaron su voluntad de mantener y extender el paro de actividades. No obstante la intención del ejecutivo local por normalizar el funcionamiento de la comuna, el generalizado acatamiento de la huelga continuó paralizando a la administración municipal. Por ese motivo el 10 de noviembre el gobierno provincial declaró ilegal a la medida de fuerza y dispuso que los trabajadores tenían que regresar de inmediato a sus tareas, debido a que la medida paralizaba servicios básicos que afectaban a la higiene mortuoria (cementerio), la salud pública y la seguridad. Frente a esto y para determinar las acciones a seguir, el sindicato convocó a una asamblea de asociados, que por amplia mayoría ratificó el plan de lucha.

 

En virtud de la irreductible posición de los empleados comunales, el intendente resolvió reanudar los servicios de manera precaria, a partir de la colaboración de los directores y jefes departamentales, que asumirían la atención de las diversas oficinas. Esta decisión contó con la colaboración del personal jerárquico y fue así como el 14 de noviembre se reanudó la atención al público en forma precaria y con la participación de solo 40 empleados. También se reforzó la labor policial en tareas de control de tránsito y de monjas en la atención de los pacientes alojados en el Hospital Municipal.

 

No obstante ello, la municipalidad no logró reanudar los servicios básicos a su cargo, en tanto que la medida de fuerza proseguía. Con el fin de llegar a un acuerdo Isidro Malet viajó a La Plata para mantener reuniones con funcionarios provinciales, con la mediación de la Federación de trabajadores comunales bonaerense, sin llegar a un acuerdo. Luego de casi dos semanas de huelga la situación afectó al conjunto de la población, debido a la interrupción de servicios claves como las inhumaciones en el cementerio, la recolección de residuos y la atención sanitaria en el Hospital Municipal (donde solo se mantuvieron las guardias de emergencia), comenzaron a generar dificultades de difícil solución. Para justificar su determinación el sindicato dio a conocer una nueva solicitada donde exponía que los motivos de la medida de fuerza “responden a la impostergable necesidad de que una vez por todas se haga justicia con los trabajadores municipales, quienes con los sueldos actuales se ven sumidos en el hambre y la pobreza”.

 

Ante la falta de un acuerdo el intendente municipal dispuso exigir a los trabajadores que retomasen sus tareas en 24 horas, bajo pena de ser despedidos o sancionados. Frente a esa determinación el sindicato efectuó una nueva asamblea de asociados, que resolvió retomar las tareas el 25 de noviembre luego de casi cuatro semanas de huelga. Este desenlace, en el que influyó el secretario general de la Federación provincial de trabajadores municipales Gerónimo Izzeta, no fue favorable para el Sindicato, que no pudo lograr que sus reclamos fuesen debidamente reconocidos por el gobierno local y provincial.

 

Con esta fallida medida de fuerza, la más prolongada en la historia de la organización gremial, culminaba una etapa poco favorable para los trabajadores municipales bahienses, a raíz del progresivo deterioro de las remuneraciones y condiciones laborales. Esto fue posible a partir de la presencia de un gobierno militar que, lejos de reconocer y atender los reclamos de las organizaciones obreras, procuró evitar la negociación y favorecer soluciones represivas.

 

 

 

 

Tiempos difíciles: tensiones internas y dictadura militar

 

 

Para finales de 1972, la dictadura militar iniciada por el general Juan Carlos Onganía en 1966 atravesaba su etapa terminal. El modelo represivo que la caracterizó, lejos de modificar la dinámica política argentina y de terminar con los reclamos sociales, había provocado un rechazo generalizado en la ciudadanía que exigía una salida democrática. En este proceso de desgaste tuvieron un rol decisivo las organizaciones armadas provenientes en su mayoría de la izquierda peronista, al igual que los sectores trabajadores, que representados por sus sindicatos, mostraban inequívocos gestos de cansancio frente a políticas económicas que afectaban sus ingresos y condiciones laborales.

 

Si bien ambos sectores presentaban una identificación directa con el peronismo y por lo tanto pugnaban por el regreso del líder exiliado, diferían en el modelo de país que pretendían para los años venideros. Mientras que los grupos juveniles se identificaban con el socialismo, los sectores gremiales preferían el tradicional modelo peronista, de carácter nacionalista, industrialista y con fuerte presencia estatal.

 

Sin embargo, las profundas discrepancias internas no resultaron lo suficientemente fuertes como para quebrantar el liderazgo unificador de Perón. Fue así como el peronismo se presentó en una alianza con partidos menores denominada FREJULI (Frente Justicialista de Liberación). Las elecciones tuvieron lugar el 11 de marzo de 1973 y por el 49,53% de los votos resultó electo el dirigente Héctor Cámpora, quien fue candidato presidencial debido a que las restricciones impuestas por los militares impidieron la candidatura del propio Perón.

 

Sin embargo, poco después de asumir renunció a su cargo con el fin de efectuar un nuevo llamado a elecciones, en las que sí pudo participar el general Perón, que se impuso con el 62% de los sufragios, acompañado en la fórmula presidencial por su esposa María Estela Martínez “Isabelita”. En esa ocasión en Bahía Blanca por primera se eligió al intendente municipal por el voto directo de los ciudadanos y 117.248 bahienses fueron habilitados para concurrir a las 409 mesas habilitadas. Siendo electo Eugenio Martínez, candidato del FREJULI, por poco más del 40% de los votos.

 

Unos meses después, en septiembre de 1973, con motivo de la celebración del Día del Trabajador Municipal, el secretario general Isidro Malet afirmó a través del boletín institucional:

 

Hoy más que nunca podemos afirmar que la clase trabajadora es el eje de la Revolución Justicialista (…) Claro está, que si bien es cierto que hemos reconquistado el gobierno, el proceso de la revolución, es duro, difícil y largo, no hemos pues, de esperar la totalidad de las soluciones de nuestros problemas de un día para otro, sino que todos, sin excepción, debemos trabajar mancomunadamente para el logro de esas soluciones.

 

En diciembre del mismo año resultó reelecto Isidro Malet al frente de la organización, en representación de la Lista Verde, la única que se presentó a las elecciones. En esa oportunidad obtuvo más del 95 % de los votos, un dato que revela el alto apoyo recibido de parte de los afiliados. El resto de los miembros electos fueron Honorio Aparicio como secretario adjunto, Pedro Lorenzo Monti como secretario de organización, Eduardo De Salvo como secretario de finanzas, Néstor J. Castoldi como secretario de actas, Julio Nélson Si como secretario de acción social y Asis Raúl Nador como secretario de prensa. Poco después también se constituyó una nueva Subcomisión de Jubilados y Pensionados, y por unanimidad resultó electo Francisco Mérida, al frente de la misma, continuando con una gestión que había comenzado en 1958.

 

 

 

Si bien el regreso de la democracia mejoró notablemente el dialogo entre las organizaciones gremiales de trabajadores estatales, entre ellos los municipales, y la conducción política de los diversos organismos y reparticiones estatales, la conflictividad política dentro del propio peronismo constituyó un nuevo factor de conflicto. En el orden local en la administración del intendente Eugenio Martínez, convivían diversas facciones internas, algunas de las cuales presentaban importantes disidencias con el jefe del ejecutivo comunal, es el caso de los grupos ligados el secretario general de la CGT, Rodolfo Ponce, un gremialista vinculado a los sectores de extrema derecha del peronismo.

 

Asimismo, a las tensiones políticas que caracterizaron al período 1973-1976 es preciso sumarle las dificultades económicas que debió afrontar el gobierno. En especial luego que el pacto social establecido por el presidente Perón se desbaratara después de su muerte, desatando una escalada inflacionaria que llegó a su punto más alto con la devaluación ordenada por el ministro Celestino Rodrigo en 4 de junio de 1975, recordada como “El Rodrigazo”.

 

La medida, que fue acompañada por un generalizado aumento de precios, afectó a los ingresos de los trabajadores asalariados y enfrentó a las organizaciones gremiales con el gobierno.

 

En sí este ajuste no hizo más que profundizar la inflación, que nunca había sido controlada de manera efectiva. Es por ello que durante la etapa 1973-1976 uno de los principales puntos de conflicto que mantuvo el Sindicato de trabajadores municipales y el gobierno de Eugenio Martínez, fue la discusión por mejores salarios. Un problema que no siempre podía ser solucionado en el medio local, debido a que se requería del acuerdo del estado provincial, que en última instancia era el que proveía una parte significativa de los recursos comunales.

 

Del mismo modo, otro aspecto que generó constantes reclamos por parte de la organización gremial fue la aprobación de un nuevo estatuto que regulase la actividad laboral dentro de la comuna bahiense. El pedido se reiteró repetidamente ante el intendente y las diversas bancadas que integraban el Honorable Concejo Deliberante, sin embargo recién a finales de 1975 se aprobó la normativa. Fue así como dejó de estar en vigencia, al menos por unos meses, debido a que el golpe del 24 de marzo de 1976 anularía la medida, la ordenanza establecida en 1966, que afectaba derechos adquiridos por los empleados municipales.

 

 

 

Estas acciones transcurrieron en un contexto caracterizado por una creciente violencia política, impulsada por las organizaciones armadas y fundamentalmente por los grupos parapoliciales, representados por la Triple A. Una organización conformada por el propio ministro José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, que fue responsable del asesinato de centenares de dirigentes, intelectuales y militantes, especialmente durante 1975. En Bahía Blanca esta coyuntura marcada por el enfrentamiento entre diversos sectores del peronismo, se percibió con intensidad. Los trabajadores municipales no fueron ajenos a ese proceso, tal es así que los empleados Fernando Antonio Alduvino, Mercedes Orlando, Héctor Núñez y Claudio Collazos fueron víctimas del modelo represivo, que en forma previa al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, se fomentaba desde el propio Estado a través de la organización parapolicial Triple A.

 

Fernando Alduvino trabajaba en la Obra Social de los trabajadores municipales y estudiaba filosofía en la Universidad Nacional del Sus. Fue secuestrado por tres personas encapuchadas, que inicialmente indicaron que eran policías, la noche del 21 de marzo de 1975. Su cuerpo, acribillado a balazos, fue encontrado dos días después en inmediaciones de Bahía Blanca.

 

Héctor Núñez fue secuestrado entre los días 19 y 20 de marzo de 1976 por personas vestidas de civil que dijeron pertenecer a la Policía Federal Argentina, antes de llevarlo por la fuerza de su lugar de trabajo en el palacio municipal de Alsina 65. Fue introducido en la parte trasera de un automotor y conducido hasta el centro clandestino de detención "La Escuelita", ubicado en instalaciones del Quinto Cuerpo de Ejército. En ese lugar fue interrogado y torturado, siendo liberado el día 24 de marzo de 1976 en una obra en construcción.

 

 

 

En forma casi simultánea una situación de similares características sufrió otro empleado comunal llamado Claudio Collazos, fue secuestrado el 19 de marzo de 1976 al salir de su casa a primeras horas de la mañana, para iniciar su jornada laboral en la Tesorería de la Municipalidad de Bahía Blanca. En ese momento fue interceptado en la calle por dos vehículos, de los que descendieron aproximadamente diez personas con sus rostros cubiertos. Estas personas lo golpearon duramente, lo vendaron y luego lo llevaron hasta el centro clandestino de detención "La Escuelita".

 

En ese lugar fue sometido a diversas torturas, amenazas de fusilamiento e interrogatorios. Fue liberado el 25 de marzo de 1976 en el centro de Bahía Blanca. Luego de su liberación Collazos se reintegró a su trabajo en la comuna, donde recibió la visita de una persona que se identificó como Mario Mancini, quien se interesó por su estado de salud e intentó justificar la detención ilegal de la que había sido objeto. Posteriormente, ese individuo fue identificada como Santiago “El Tío” Cruciani, uno de los más feroces torturadores de la "La Escuelita".

 

La represión se extendió y profundizó luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Por entonces, también fue secuestrada Mercedes Orlando, docente en una escuela regenteada por la Compañía de María en el barrio de Villa Nocito y asistente social de la Municipalidad de Bahía Blanca. El hecho ocurrió en la madrugada del 21 de marzo de 1976, cuando una “patota” formada por una decena de personas, algunas de ellas uniformadas y otras de civil, irrumpió en su domicilio y la trasladó a la “La Escuelita”. Allí fue torturada durante varios días, antes de ser liberada en cercanías de la casa de su hermana.

 

A diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos laborales, la totalidad de los trabajadores comunales detenidos afortunadamente fueron liberados, luego de sufrir durante sus detenciones torturas y apremios, en un contexto clandestino y de completa ilegalidad. En su conjunto estas acciones evidencian el grado de violencia que el terrorismo de estado presentó en Argentina a partir de 1975, como parte de una estrategia que tenía como fin la imposición de un modelo económico y político opuesto a los intereses de los sectores populares.

 

La dictadura militar, una época marcada por la violencia y la injusticia social

 

El gobierno de facto que se inició con el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, fue sin duda la más sangrienta de toda la historia argentina. Por espacio de varios años el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, fue el responsable de la desaparición y muerte de miles de argentinos. Desde un primer momento el accionar represivo afectó a todos los sectores de la población, pero en especial fueron obreros, tanto dirigentes, como delegados y trabajadores, quienes conformaron el grupo más numeroso de víctimas (cerca del 30 %), como lo determinó luego el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), realizado en 1984. Este plan represivo implementado fue necesario para poder iniciar una reforma económica de carácter liberal, que desmanteló el Estado de Bienestar, establecido durante las dos primeras presidencias de Juan Perón (1946-1955) y consolidó un modelo económico organizado alrededor de un sistema financiero de tipo especulativo, en detrimento de los sectores productivos industriales. Esto fue posible a partir de una apertura económica que liberó la entrada de productos importados, sin establecer restricciones arancelarias, con funestas consecuencias para la industria local. Al mismo tiempo se estableció una política cambiaria que sobrevaluó al peso en relación al dólar, restando competitividad a las fábricas nacionales, que perdieron así sus mercados internos y externos.

 

Para la implementación de este modelo económico, el aparato represivo estatal no sólo atacó a los trabajadores en forma individual sino también a sus organizaciones, con el fin de destruir su capacidad de movilización y de disciplinar a los afiliados. Es por ello que casi todos los sindicatos fueron intervenidos y se disolvió la CGT. También se obligó a los sindicatos a separarse de sus obras sociales, un componente esencial de la dinámica sindical y se anuló el derecho a huelga, que se transformó en un delito penado criminalmente con 6 años de prisión para los trabajadores y 10 años para los dirigentes sindicales que la organizaran.

 

Asimismo, se sancionó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que prohibía las centrales y las confederaciones, como así también la actividad política de los gremios, y fomentaba los sindicatos por empresa, como una forma de fragmentar el poder sindical. Esta verdadera ofensiva contra el movimiento obrero no impidió que las organizaciones siguieran funcionando, en muchos casos de manera clandestina.

 

En el caso de los trabajadores municipales bahienses, las detenciones clandestinas que se habían producido en vísperas del golpe militar continuaron luego del 24 de marzo. En este caso fueron víctimas del terrorismo de estado Horacio Alberto López y su esposa Estela Clara Di Toto, ambos empleados de la Municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca, donde militaban en el plano gremial y político. Luego de ser detenidos en su domicilio fueron trasladarlos al centro clandestino de "La Escuelita", recibiendo amenazas y golpes en forma constante.

 

A Horacio López en dos ocasiones lo llevaron a un galpón ubicado a escasos metros del centro clandestino de detención, donde lo sometieron a apremios y lo amenazaron con aplicarle picana eléctrica, mientras lo acusaban de formar parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y lo interrogaban para que hablara de otros integrantes de dicha organización que trabajaran en la Municipalidad. Durante su cautiverio padeció tormentos y amenazas constantes, en un ámbito de completa ilegalidad, propio de los procedimientos empleados por la dictadura militar en ese período.

 

Una situación similar atravesó Clara Di Toto, quien debió ser asistida en varias oportunidades por el padecimiento de convulsiones y descompensaciones motivadas por padecer de epilepsia. Asimismo, durante su detención Di Toto sufrió violentos interrogatorios sobre cuestiones vinculadas a la Municipalidad de Bahía Blanca y el Sindicato de Empleados Municipales, como manifestó durante el juicio a los militares que había perpetrado tareas represivas en Bahía Blanca, efectuado durante 2012. Con diferencia de unos días, Horacio López y Clara Di Toto fueron liberados a mediados de mayo de 1976, en la zona del Parque de Mayo, próxima a su lugar de cautiverio.

 

También fueron detenidos un grupo de empleados municipales que se desempeñaban en el Hospital Municipal, integrado por Luisa Barroso, Eliseo Vázquez, Boris Hernández, Jorge Riquelme y Ramona Magaz. Sus detenciones se produjeron en el propio nosocomio y estuvo a cargo de efectivos del ejército. Luego de unas semanas los trabajadores fueron liberados, no sin antes haber sufrido amenazas e interminables interrogatorios. Las razones de las detenciones jamás fueron aclaradas por las autoridades militares, se presume que se originó en una denuncia anónima que sindicaba a los detenidos como militantes políticos.

 

Una situación similar debió afrontar Estela Maris Ramírez, directora del Hogar del Niño que funcionaba Harding Green, que estuvo 9 meses detenida en los penales de Villa Floresta y Villa Devoto. Su detención se originó en una denuncia apócrifa y su situación procesal se agravó a raíz de la denuncia malintencionada de autoridades comunales. A partir de entonces se la incluyó de manera indebida en una causa vinculada con la Universidad Nacional del Sur. Finalmente, fue liberada luego de una prolongada detención para luego se reincorporada a la Municipalidad, no sin antes tolerar una prolongada espera conjuntamente con un ofrecimiento por parte de las autoridades, para que renunciara.

 

De igual manera, resultó detenida otra empleada del Hospital, Neddy Micucci, que fue alojada en el penal de Villa Devoto por siete años, luego que se la vinculara a un atentado perpetrado contra dependencias de Prefectura Argentina y Estela Pierastegui, telefonista del nosocomio, que estuvo varios meses detenida en un centro clandestino de detención, sin que mediara ninguna causa judicial en su contra.

 

También resultó capturado un empleado del Hogar del Adolescente, Horacio Russin, secuestrado junto con su esposa Patricia Gastaldi, la madrugada del 2 de octubre de 1976 por una patota de la Armada. Fue torturado brutalmente en el campo de concentración que funcionó en la séptima casamata de Baterías (en la Base de Puerto Belgrano). Luego fue entregado al Ejército. Se lo vio por última vez en La Escuelita y está desaparecido. Su esposa fue liberada poco después.

 

En su conjunto, las detenciones, legales e clandestinas, de las que fueron objeto los trabajadores municipales, resultaron funcionales para desactivar el la labor gremial que había caracterizado al sindicato de trabajadores municipales durante la primera mitad de la década de 1970. De hecho, la comisión directiva no se reunió nuevamente luego del golpe militar de 1976 por espacio de varios años y la sede gremial dejó de ser visitada por los afiliados.

 

Asimismo, durante el transcurso de la dictadura se acentuó la presencia de los servicios de inteligencia en el interior de las instalaciones municipales, a través de informantes, escuchas telefónicas y permanentes controles. Tal es así, que por ejemplo dentro del Hospital Municipal los empleados estaban obligados a portar su documento de identidad en forma permanente.

 

Por otra parte, la gestión del intendente de facto Víctor Puente promovió una importante disminución en el personal municipal. Solo en el primer año de gestión el número de trabajadores disminuyó un 13, 7 %, según indicaba un estudio realizado por el municipio, que el funcionario a cargo de la comuna calificó como “…un análisis alentador para reducir las áreas denominadas burocráticas…”.

 

El movimiento obrero se reorganiza en tiempo de la dictadura

 

En la denominada “Acta para el Proceso de Reorganización Nacional”, uno de los documentos oficiales que dieron origen a la dictadura, los jefes militares establecieron una serie de principios constitutivos para su gestión. Entre ellos figuraba la supresión de los partidos políticos y de los sindicatos, considerados como componentes centrales de una dinámica política que debía modificarse por completo. Respecto de ese periodo Francisco Delich afirmó:

 

Dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos y exiliados. Las cifras, aunque imprecisas, tienen contornos siniestros y horrorosos; se cuentan no por individuos sino por centenares, por miles. Hubo ejecuciones en las fábricas y violencias físicas y psicológicas tendientes a aterrorizar a los obreros. Se prohibieron asambleas y reuniones. Se montó un sistema complejo de prevención: el reclutamiento obrero comenzó a hacerse de modo provisional; solamente después de informar a inteligencias de las fuerzas de seguridad y recibida la respuesta de éstos se adquiría una relativa estabilidad en el trabajo. Es obvio que un antecedente como activista impedía el acceso. Este sistema estuvo vigente en las zonas industriales del país por lo menos hasta 1979. La estabilidad en las fábricas dependía ahora no solamente de la eficiencia, de la clasificación o de la disciplina sino de la adaptación ideológica.

 

Por ese motivo, durante los años iniciales de la dictadura la actividad gremial cesó y solo continuaron algunas acciones de orden clandestino, con la intención de burlar la persecución policial y el seguimiento de los servicios de inteligencia. Su relevancia fue reconocida por investigadores como Pablo Pozzi, quien reconoció la importancia de maniobras de orden clandestino en los propios lugares de trabajo, especialmente en los ámbitos industriales,tales como actos de sabotaje, el trabajo a reglamento o deficiencias voluntarias en la producción.

 

Esta divergencia de criterios respecto de la dinámica gremial durante la dictadura deja en evidencia que no existe un acuerdo respecto de la actitud de los sectores trabajadores sindicalizados frente a la dictadura militar, debido a que para algunos investigadores el nivel de represión fue tan intenso que anuló toda acción de resistencia, en tanto que para otros la dinámica gremial no fue neutralizada por completo y sobrevivió a través de estrategias alternativas. Al respecto, quizás la dinámica gremial de ese período deba ubicarse en una posición intermedia entre esas perspectivas, que permita combinar componentes de ambas explicaciones.

 

A nivel de la dirección de las organizaciones la totalidad de los gremios fueron intervenidos al igual que la CGT y la mayoría de sus delegaciones regionales. No obstante esto para fines de 1977, un conjunto de dirigentes obreros comenzaron a reunirse en la “Comisión de los 25”, en alusión al número de organizaciones que representaban. Conformada entre otros por los sindicatos de taxistas, obreros navales, camioneros, mineros, cerveceros, esta fue la primera organización obrera que desafió el modelo económico y el terrorismo de estado promovido por la dictadura. Sus reivindicaciones incluyeron la liberación de dirigentes y delegados presos, la restauración de la legislación laboral y sindical, la modificación de la política económica de la dictadura y el retorno de la democracia.

 

Entre las principales acciones de resistencia que la “Comisión de los 25” promovió se destaca el paro general, el 27 de abril de 1979 que, con un éxito relativo, se convirtió en la primera medida de fuerza de importancia contra el gobierno de facto. Así, queda en claro cómo a pesar de las divisiones en su interior, esa organización reunió a las fracciones sindicales que se negaban a negociar con la dictadura, por lo que se diferenciaban de los sectores dialoguistas reunidos en torno a la Comisión Nacional del Trabajo, un organismo creado por el Ministerio de Trabajo.

 

La postura opositora de la “Comisión de los 25” se reafirmó a través de un segundo paro general el 22 de julio de 1981, esta vez con un alto acatamien to, especialmente en el área metropolitana. Posteriormente, en 1982, sobre la base de ese sector de la conducción obrera se conformó la CGT Brasil, que tendría al dirigente cervecero Saúl Ubaldini como su principal referente.

 

 

 

En Bahía Blanca, el nivel de las acciones represivas presentó una intensidad superior al de otros distritos del interior del país, a ello contribuyó la presencia de un cuerpo de ejército y la proximidad de la principal base naval, factores decisivos para el funcionamiento de un aparato represivo de importantes dimensiones.

 

A pesar de ello la huelga de 1979 presentó cierto acatamiento en algunos ámbitos industriales de la ciudad, no así en los diversos ámbitos de la administración pública donde el control ejercido por los servicios de inteligencia era constante.

 

 

 

En 1981, se formó en Bahía Blanca una central denominada CGT Bahía Blanca, donde participaban entre otros gremios el metalúrgico, que envió un comunicado a la prensa donde afirma que “…todos los sectores que componen la vida argentina, se encuentran hoy ante una realidad y una crisis que como saldo de cinco años y medio de sacrificios, ha terminado de llevar a la desesperación a la gran mayoría del pueblo argentino”. Con esa lectura de la realidad no dejaban dudas de la necesidad de un cambio de rumbo económico, para revertir la situación imperante.

 

Mientras tanto en el orden nacional se produjo una división interna entre lo que se conoció como la CGT-Brasil formada por los sectores más intransigentes y la CGT-Azopardo, donde estaban representados los gremio que consideraban que era necesario restablecer el diálogo con el gobierno de facto, como una forma de frenar el deterioro del mercado laboral. Por entonces asumió la presidencia de la Nación el general Roberto Viola que intentó comenzar con un proceso de negociaciones con sectores políticos y sindicales, con el fin de terminar la dictadura. De esas negociaciones participó el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel, que recientemente había sido liberado de prisión. Pero las tratativas se vieron interrumpidas con el desplazamiento del general Viola y una vuelta al gobierno de los sectores más duros de las fuerzas armadas, que dispusieron que el general Leopoldo Fortunato Galtieri fuese el nuevo presidente de facto de Argentina.

 

A partir de allí la resistencia de los sindicatos liderados por el secretario general de la CGT-Brasil Saul Ubaldini, fue constante y sólo se interrumpió durante los meses que duro el conflicto por la Islas Malvinas. Una posición similar mantuvo la CGT-Azopardo, liderada por Jorge Triacca.

 

En Bahía Blanca, también se conformaron dos agrupaciones de gremios con la intención de conformar la CGT, pero que no respondían necesariamente a la división gremial que se daba en el orden nacional. Por un lado estaban SMATA, Petroleros, Vitinícolas, Empleados de Comercio; y por el otro Camioneros, UOCRA, el Sindicato de Trabajadores Municipales, Luz y Fuerza y la UOM.

 

Poco después, en agosto de 1982, se organizó en Bahía Blanca la CGT-Azopardo, y formuló un comunicado en el que analizaban la situación del país a partir de 1976 en los siguientes términos: “…se destruyó el aparato productivo, se colocó nuestra riqueza al servicio de los capitales internacionales, se arrasó con nuestra cultura y concluyó con la aventura inconcebible con que se jugó nuestra soberanía territorial”. Para revertir esa situación la entidad obrera consideraba necesario modificar el rumbo liberal de la economía, aumentar los salarios y recomponer el aparato productivo.

 

Durante el resto del año 1982 las divergencias entre los diversos sectores del movimiento obrero bahiense se mantuvieron, es por ello que la anhelada unidad gremial se originó a partir no de la CGT sino de las 62 Organizaciones Peronistas, la otra entidad representativa del mundo gremial argentino, conducida en el orden nacional por Lorenzo Miguel.

 

Sin embargo, la unidad no duró demasiado y poco después se reiniciaron las divisiones internas dentro del movimiento obrero bahiense. A pesar que la totalidad de los dirigentes presentaban posturas similares en torno a las funestas consecuencias del modelo económico de la dictadura militar, no encontraban punto de acuerdo para una unificación definitiva, una limitación que perduraría durante casi toda la década de 1980.

 

En el caso de los trabajadores comunales luego que las autoridades militares asumieran la conducción de la Municipalidad de Bahía Blanca, en marzo de 1976, se produjo la derogación de la ordenanza-estatuto que regulaba el trabajo municipal, promulgada el 5 de enero del mismo año. Inicialmente, se cambiaron o suprimieron solo algunos artículos, pero luego directamente se determinó su nulidad.

 

 

 

 

 

A partir del año 1976, durante la vigencia el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las facultades de los Honorables Concejos Deliberantes, dictó un gran número de normas regulatorias de las funciones municipales. Entre ellas la Ordenanza General 207, de octubre del año 1977, que regulaba el régimen de empleo público en el distrito bonaerense, en términos muy poco favorables para los intereses de los trabajadores comunales.

 

En ese clima adverso la actividad gremial del STMBB disminuyó notablemente y se limitó a cuestiones administrativas, en su mayoría vinculadas con la obra social. Por otro lado, a mediados de 1978 falleció Isidro Malet, quien había conducido al gremio desde su reorganización en 1958, una circunstancia que resintió aun más la dinámica gremial.

 

Frente a esa situación asumieron la conducción de la entidad los restantes miembros de la comisión directiva electa en 1973, a pesar que su mandato estaba vencido, asumiendo el secretariado general del gremio Honorio Aparicio, hasta entonces secretario adjunto. Los secundaron en esa función Néstor Castoldi, Eduardo De Salvo y Pedro Montini.

 

En los hechos la gestión gremial de esta comisión fue exigua, no solo por el contexto político adverso sino también por la falta de recursos económicos necesarios para financiar proyectos sociales, culturales o formativos. La inactividad se extendió hasta que en 1983, nuevamente la conducción gremial de los trabajadores municipales impulsó una serie de reclamos ante el intendente de facto Víctor Puente. En primer término cuestionaron la privatización del servicio de recolección domiciliara de residuos, un servicio que tradicionalmente había estado a cargo de trabajadores comunales, debido a la pérdida de puestos laborales. Frente a este planteo desde el ejecutivo municipal se comprometieron a respetar la fuente de trabajo “…desde el sector público o privado”, una respuesta que conformó a los empleados afectados.

 

Seguidamente, los reclamos gremiales se focalizaron en gestionar un incremento salarial e impulsar promociones de categoría para algunos trabajadores. La falta de respuesta por parte del gobierno comunal generó un virtual “estado de alerta”, entre los trabajadores, representados por la comisión y los delegados, y promovió la primera movilización de empleados frente el Palacio Comunal desde el inicio de la dictadura.

 

Este reclamo salarial se promovió en el orden provincial a través de la Federación de Trabajadores Municipales Bonarerense, que gestionó ante el gobernador un incremento en el sueldo básico de los empleados municipales y un aumento del 30 % en los salarios. Con ese fin se realizó en Bahía Blanca una reunión con dirigentes provinciales y del resto de la sexta sección, a la que asistió Juan Osvaldo Poli, secretario gremial de la Federación, que expresó “…estamos saliendo de un período de frustraciones y en plena y vigorosa organización volveremos a los niveles que teníamos en 1976”.

 

 

 

A pesar de la intensidad del reclamo impulsado por el plenario de representantes de la Federación, el gobierno provincial se negó a otorgar el aumento salarial que beneficiaría a los 60.000 empleados comunales y la estabilidad para 10.600 contratados, que por entonces contaban en su conjunto los municipios bonaerenses. Como consecuencia de ello la dirección gremial provincial dispuso un paro de actividades, conjuntamente con el resto de los gremios estatales.

 

En Bahía Blanca, los trabajadores municipales se movilizaron junto a los trabajadores judiciales, en una marcha que culminó en las escalinatas del Palacio Comunal, donde fue entregado un petitorio al intendente. En él se solicitaba un aumento salarial, la reimplantación de las 30 horas semanales tal como existía antes de 1976, la recategorización del personal y mejoras en la situación del personal contratado.

 

 

Normalización y democratización luego de 1983

 

La recuperación de la democracia en 1983 se produjo como consecuencia de varios procesos y acontecimientos convergentes. El más significativo fue, sin duda, la derrota militar en la guerra por las Islas Malvinas en junio de 1982, que aceleró el final de la dictadura, jaqueada por una acentuada crisis económica al igual que por una creciente presión internacional, como consecuencia de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado. Estos hechos fueron advertidos y denunciados por entidades internaciones y nacionales, que revelaron la existencia de miles de asesinatos, desapariciones y actos de tortura.

 

La campaña electoral de 1983 se realizó después de varios años de una completa anulación de la actividad partidaria. A pesar de ello, la ciudadanía con la certeza que comenzaba la transición hacia un gobierno civil, se volcó masivamente a las calles participando de actos, movilizaciones y reuniones partidarias. Tan es así, que en términos de masividad la campaña de 1983 se asemejó a la de 1973, aunque el clima y las prácticas políticas fueron diferentes.

 

Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y en ellas la ciudadanía respaldó mayoritariamente la fórmula de la UCR, encabezada por Raúl Alfonsín, que obtuvo 7,5 millones de votos contra 5,7 millones del Partido Justicialista. De este modo se produjo la primera derrota electoral del peronismo, cuya oferta partidaria mantenía vinculaciones con el traumático periodo 1973-1976, un factor que le restó apoyo entre los votantes. No obstante ello, los candidatos justicialistas obtuvieron resultados importantes en los distritos provinciales, alcanzando la mayoría en la Cámara de Senadores de la Nación y una parte mayoritaria de las gobernaciones.

 

El presidente electo asumió sus funciones el 10 de diciembre de 1983, comenzando una transición democrática que no estaría exenta de dificultades de carácter político y económico. Entre los primeros, se destacó la presión de las fuerzas armadas, renuentes a responder por los crímenes cometidos durante la dictadura, un factor que originó sucesivos levantamientos militares en contra del gobierno constitucional. Entre los segundos, fue la dura herencia dejada por el proceso militar, integrada por la destrucción del sector productivo, la inflación y el endeudamiento externo, los factores que con más intensidad afectaron a la administración radical y generaron sucesivos momentos de crisis.

 

En este sentido, la transición democrática estuvo signada por la puja constante entre el gobierno, la sociedad civil y las fuerzas armadas sobre la forma en que debían ser abordados problemas tales como la reorganización de los partidos, el reordenamiento de las organizaciones sindicales y sociales y la conformación de un plan económico que contemplara las principales tensiones sociales y económicas, como el incremento de la pobreza, la inflación sostenida – que llegó al 430% anual en 1983 - y la deuda externa acumulada por la dictadura, que pasó de 6.500 en 1976 a 45 mil millones de dólares en 1983.

 

En ese marco, las organizaciones sindicales agrupadas en la CGT, dirigida por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, constituyeron el núcleo opositor más duro, mientras que los sectores políticos del justicialismo intentaban recomponerse de la derrota para iniciar el camino de la renovación, cuyos principales dirigentes fueron, en esa etapa, varios gobernadores, entre ellos Antonio Cafiero y el riojano Carlos Menem. De esta manera, no fue el peronismo político sino el sindical el encargado de iniciar una resistencia sostenida contra el gobierno radical, mediante el rechazo a la nueva Ley de Asociaciones Profesionales, impulsada por el gobierno de Alfonsín, con el fin de modificar el esquema sindical argentino, y la puja constante por reclamos salariales, mediante trece paros generales.

 

En Bahía Blanca, el regreso de la democracia permitió la elección como intendente del candidato radical Juan Carlos Cabirón, que se impuso al dirigente justicialista de extracción gremial Ezequiel Crisol. La lista de la UCR alcanzó un holgado 51% de los votos logrados, obteniendo la mayoría de los concejales frente a un justicialismo que no llegó al 30 por ciento de los sufragios. Este resultado, permite entrever cómo el impulso generado por Raúl Alfonsín resultó fundamental para que el radicalismo se impusiera nuevamente en Buena Aires, a través de una elección transparente y sin proscripciones.

 

En 1985, se produjo la primera elección legislativa de carácter exclusivo, en el orden nacional, provincial y municipal, y el radicalismo bahiense se impuso nuevamente con el 45,6% de los votos, frente a un justicialismo que sólo obtuvo el apoyo del 26,1% del electorado. Dos años después, se produjo una nueva elección de intendente, para la cual se presentaron Juan Carlos Cabirón, en busca de un segundo período, y el peronista Dámaso Larraburu. Los radicales volvieron a imponerse, por 45,6% a 38% del PJ, mientras que la UCEDE (Unión del Centro Democrático), con 8,8% del electorado, alcanzó el tercer lugar y obtuvo una banca en el Honorable Concejo Deliberante.

 

La democratización también alcanzó al Sindicato de Trabajadores Municipales, que inició un conflictivo proceso de renovación de autoridades, en el que diferentes sectores internos pugnaron por la dirección gremial. La normalización se inició en septiembre de 1983, cuando la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires designó una comisión provisoria, en virtud de estado de acefalia en que se encontraba la organización. El cuerpo directivo fue integrado por Honorio Aparicio como secretario general, Robustiano Alderete como secretario adjunto, Pedro Lorenzo Montini como secretario de organización, Eduardo De Salvo como secretario de finanzas y Asis Raúl Nador como secretario de prensa. Todos ellos habían formado parte de la comisión electa en 1973, que luego continuó funcionando durante los años de la dictadura militar. Para supervisar su funcionamiento la Federación designó a su secretario de organización Orlando Pittana, con lo cual la autonomía sindical de la nueva comisión resultaba limitada.

 

Un día después de la conformación de la comisión provisoria un importante número de afiliados se hicieron presentes en la sede gremial, para manifestar su oposición a la disposición de la Federación. En esa oportunidad Francisco Rech manifestó que “...repudia la actitud de la Federación y piden un llamado a asamblea en forma inmediata, ya que es el órgano máximo, agregando que los miembros de la comisión se prestaron al juego de la Federación”. Seguidamente Jorge Pattuglio le solicita a la comisión provisoria que convoque a una asamblea de afiliados, para poder determinar las acciones a seguir en el futuro.

 

Frente a los reclamos se decidió convocar a una asamblea de afiliados para el 19 de septiembre, con el fin de tratar la situación económica del gremio y de elegir a una nueva comisión directiva. Sin embargo, la Federación provincial determinó suspender la asamblea hasta nueva fecha y en su reemplazo dispuso que se realizara una reunión informativa, con el fin de comunicarles a los afiliados acerca de la situación de la organización.

 

 

 

Al mismo tiempo la Federación reafirmó la confianza en la comisión provisoria e invitó a todos los afiliados a que presentaran listas para las próximas elecciones, para cuya realización se debería esperar al menos dos meses. Hasta tanto eso ocurriese sería la comisión provisoria el único organismo habilitado para conducir al sindicato bahiense.

 

La reunión informativa fue convocada para el 24 de septiembre, con la presencia de miembros de la comisión directiva de la propia Federación, en un intento por brindar legitimidad al cuerpo provisorio que habían designado y por establecer las acciones a seguir.

 

El 17 de octubre el secretario general de la Federación Gerónimo Izzeta le informa a la comisión provisoria bahiense que hasta tanto no culmine el informe contable sobre la situación del gremio no se deberá efectuar ninguna asamblea de afiliados. Al mismo tiempo le solicitó a la comisión que deben “…tratar por todos los medios a su alcance de unificar a la familiar municipal bahiense para que en dicha asamblea salga una sola lista para que cuente con el apoyo de todos los trabajadores municipales del lugar”.

 

Los constantes aplazamientos de la asamblea extraordinaria generaron un importante descontento entre los afiliados, a tal punto que los miembros de la comisión provisoria solicitaron a la Federación que los autorizara a llamar a elecciones internas para el 29 de diciembre de 1983. En esa misma nota también le pidieron a Geronimo Izzetta que aclarase cuáles eran las causales concretas por las que se negaban a autorizar el llamado a elecciones.

 

Paralelamente a este proceso se conformo un grupo de trabajadores municipales, con la denominación de Lista Azul, que comenzó a plantear a través de los medio y de diversos comunicados, que la comisión provisoria no estaba capacitada para administrar al sindicato y que era necesario convocar a elecciones. Ante estos reclamos la Federación determino aceptar que las elecciones se efectuaran el 29 de diciembre.

 

Con el fin de participar de los comicios internos se presentaron dos listas: Azul y Verde. La primera proponía a Francisco Rech como secretario general, Néstor García secretario adjunto, Edgardo Ibarra secretario de organización, Jorge Pattuglio secretario de finanzas, Patricia Sosa secretaria de actas, Julio Ale secretario de prensa y Néstor Barona secretario de acción social4. En tanto que la segunda candidateaba a Honorio Aparicio como secretario general, Luis Olmos secretario adjunto, Cruz Collazos secretario de organización, Robustiano Alderete secretario de finanzas, Delia Martinez secretaria de actas, Marta Santillán secretaria de acción social y Ricardo Vázquez secretario de prensa. Las diferencias entre ambas listas eran de diversa índole, según rememoró un dirigente:

 

Metodológicas e ideológicas. Ideológicas primero porque la lista que estaba había acompañado todo el proceso del gobierno militar y si bien siguió existiendo el sindicato, el secretario adjunto que queda como secretario general porque fallece Isidro Malet nunca llamó a elecciones, nosotros le forzamos muchísimas veces reuniones con el intendente Puente por problemas económicos, costaba mucho hacer que se movieran, ya personas mayores No estoy poniendo en juego su honorabilidad como personas, pero sí la condescendencia con el régimen y el esperar a ver qué pasa. Nosotros también éramos de otra generación con una diferencia de edad con algunos de hasta treinta años y todo el proceso democrático que llevó a que los partidos políticos, las instituciones intermedias y los sindicatos tuvieran una efervescencia propia de la época.

 

Una semana antes de efectuarse la elección ambas listas firmaron un acta acuerdo por la cual se comprometían a reconocer como válida la constitución de la junta electoral, aun cuando en la formación de la misma no se halla cumplimentado todo lo dispuesto estatutariamente, y se comprometían a no impugnar candidatos. En el mismo acuerdo se dispuso que un representante de cada lista integrase la junta electoral, Jorge Pattuglio (Lista Azul), Mario Daria (Lista Verde), al mismo tiempo que se establecieron los plazos para realizar la campaña preelectoral, la proclamación y asunción de los candidatos.

 

En las semanas previas a la elección las listas presentaron sus propuestas ante el intendente electo Juan Carlos Cabirón. En el caso de la Lista Azul sus candidatos solicitaron que “…conjuntamente con el regreso del país a la tan ansiada democracia, se nos restituya los derechos adquiridos durante el último período constitucional. También pidieron que se restablezcan las 30 horas de trabajo semanal dividas en jornadas de 6 horas, y que se pongan en vigencia los artículos que integran la ordenanza-estatuto N° 2476 de 1975.

 

Por su parte, la Lista Verde propuso recuperar los derechos adquiridos con la vuelta a la vigencia de la ordenanza-estatuto en vigencia antes del golpe militar, así como la recuperación de condiciones salariales y laborales dignas para los trabajadores. Asimismo, en una solicitada, los candidatos sostuvieron:

 

…tras casi 8 años de obstrucción y mordaza ante cualquier tipo de actividad gremial, se llegó hasta la cesantía de miembros de la comisión directiva del gremio por el solo hecho de expresar sus convicciones, retrogrado arbitrariamente en sus categorías a compañeros e impuso la ordenanza general 207 de denigrante contenido.

 

Finalmente, las elecciones se realizaron con total normalidad en las cinco mesas habilitadas -una para jubilados, dos en al Palacio Municipal, una en el Hospital Municipal y otra en Cabildo- y la labor de la Junta Electoral, presidida por Edgar García y Fernando Andrade, se desarrolló sin problemas. Resultó vencedora la Lista Azul que se impuso por 521 sufragios contra 473 de la Lista Verde, en un comicio que a pesar de producirse en un marco de profunda competencia electoral, no respondió a las diferencias partidarias del momento. En ello influyó el carácter específico del gremio de los trabajadores comunales:

 

El sindicato de trabajadores municipales de Bahía Blanca es un poco atípico en eso, si bien hasta el día de hoy todas las personas que integran listas provienen de todos los partidos, porque hay radicales, peronistas, socialistas, comunistas y de todos los partidos habidos y por haber, aún hoy, siempre han tenido primero una pertenencia gremial y después de pertenencia política.

 

El proceso electoral fue intenso y cada lista pugnó por el apoyo de los trabajadores municipales y a pesar de haberse interrumpido por una década la actividad electoral en el sindicato, la participación fue alta y el debate intenso. Así lo recuerdan algunos dirigentes: Fue una campaña importante, voto a voto, en los lugares de trabajos, con discusiones arduas haciendo el planteo de los programas. Las elecciones fueron el 28 de diciembre de 1983 y el 10 de diciembre asumió Juan Carlos Cabirón. Nosotros asumimos el 1 de enero de 1984.

 

Fue una elección muy reñida, tuvimos muchísimas presiones, amenazas (…) La lista nueva perdió en el Hospital, cuando pensamos que íbamos a perder por paliza, perdimos por cuatro votos y después en el resto de los lugares se ganó, entonces ganó la lista nueva.

 

 

 

Ante que asumiera la nueva comisión y teniendo en cuenta que el gobierno comunal se normalizó con algunas semanas de antelación, la comisión provisoria solicitó al recientemente asumido intendente municipal Juan Carlos Cabirón, la reposición de la ordenanza 2476 de 1975, que establecía el estatuto del personal municipal. La misma había sido derogada por el gobierno militar, que implementó una normativa opuesta a los intereses de los trabajadores estatales en su conjunto.

 

La tardía solicitud efectuada por la comisión provisoria no fue atendida por el gobierno recientemente electo que, teniendo en cuenta la trascendencia del asunto, optó por discutir esas cuestiones únicamente con el secretariado electo recientemente. En tal sentido, una de las primeras resoluciones que tomó la nueva comisión fue pedir al Concejo Deliberante la inmediata derogación de la ordenanza 207 de 1976 “por ser cabal expresión del denigrante régimen militar”10 y la reimplantación de la ordenanza 2476 de 1975. Esa solicitud inició una instancia de negociación, que incluyó movilizaciones y asambleas de afiliados, que culminó luego con la formulación de una nueva ordenanza-estatuto 3894, realizada por una comisión de Concejo Deliberante coordinado por el abogado Tomas Lobato, por entones concejal por la UCR.

 

Sobre la base de esa normativa en 1984 se reformó el estatuto del STMBB, incluyendo algunas modificaciones requeridas por la Ley 22.105 Ley de Asociaciones Profesionales, para luego gestionar y obtener en el Ministerio de Trabajo la inscripción gremial. Esto posibilitó que el sindicato pudiera negociar por sí mismo ante las reparticiones estatales, y no ya por intermedio de la Federación de Trabajadores Municipales de orden provincial, un organismo al cual el STMBB estaba afiliado pero con el que mantenía una relación conflictiva.

 

Una intensa labor luego de la normalización gremial

 

Una vez terminado el proceso electoral, la nueva comisión directiva electa debió afrontar la resolución de una importante cantidad de problemas, cuya resolución no había sido posible durante los años del gobierno de facto. En primer término fomentó un proceso de democratización de las prácticas políticas internas, en tal sentido se eligieron por votación los delegados de las diversas dependencias y se conformaron subcomisiones destinadas a resolver cuestiones específicas, como la organización de fiestas, la práctica de deportes y la atención de los jubilados.

 

Como parte de ese proceso renovador la comisión analizó el funcionamiento administrativo y la gestión financiera de sus predecesores. Luego de lo cual, y ante la existencia de serias irregularidades, se decidió por medio de una asamblea de afiliados la expulsión de los principales referentes de la gestión anterior.

 

 

 

También la nueva comisión tramitó ante las autoridades, la reincorporación de aquellas personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos en el Municipio durante la dictadura militar. De esta manera, se buscaba realizar un acto de reparación histórica para aquellos trabajadores que, más allá de violencia física, las detenciones y la persecución que en varios casos sufrieron, también vieron interrumpidas sus carreras laborales con el consiguiente perjuicio que eso implica. Un ejemplo de esto lo representa la reincorporación de una empleada del Hospital Municipal, Neddy Miuczzi, que estuvo varios años detenida y que al producirse el regreso de la democracia manifestó su intención de volver a trabajar. Una aspiración que fue inmediatamente reconocida por la administración de Juan Carlos Cabirón, cuyo secretario de bienestar social Felipe Christiansen, al momento de preguntarle los representantes del sindicato cuándo podía concretarse la reincorporación, respondió que podía hacerlo al día siguiente.

 

 

 

Con la intención de lograr que esa postura respecto de los empleados cesanteados se extendiera a los restantes distritos de la Sexta Sección, cuyos sindicatos de trabajadores municipales presentaban una directa relación con su par de Bahía Blanca, Jorge Pattuglio y Francisco Rech entregaron una solicitud al gobernado Alejandro Armendariz, quien se comprometió a efectuar las gestiones necesarias.

 

En lo que respecta al marco laboral de los empleados comunales, se puso nuevamente en funciones el estatuto que regulaba la labor de los trabajadores comunales y se recuperó el acuerdo laboral de 30 horas de labor semanal, que no había sido respetado durante el gobierno militar. Al mismo tiempo, se normalizaron los procedimientos de ingreso a la función municipal al restablecerse los concursos para los cargos de planta que así lo requiriesen.

 

También se obtuvieron algunas mejoras específicas como la provisión de ropa de trabajo para el personal obrero y comenzaron las discusiones gremiales en torno al trabajo insalubre, es decir todas aquellas funciones laborales que por su naturaleza, o por las características del lugar en el que se realiza, puedan afectar la salud del trabajador. En su conjunto estas medidas mejoraron el clima de trabajo en Municipalidad, resentido durante la etapa precedente en la que no hubo espacio para los reclamos laborales. Del mismo modo, el STMBB comenzó a organizar actividades deportivas para sus afiliados, que agrupados según las dependencias en las que se desempeñaban participan de torneos de fútbol o bochas.

 

El otro aspecto en el que se centró buena parte de la labor gremial fue la discusión salarial, un aspecto central de un período como lo fue el gobierno de Raúl Alfonsín, que luego de un momento inicial se caracterizó por una creciente inflación. Es por ello que a partir de 1986 las negociaciones sobre ese tema entre el sindicato y el gobierno comunal fueron constantes. A tal punto que por momentos ambas partes de reunían cada quince días para discutir salarios. Con el fin de llegar a un acuerdo al respecto se estableció un mecanismo para regular los incrementos, como recordó un dirigente:

 

En los dos periodos de Cabirón no tuvimos ningún problema gremial por motivos de salario, teníamos una cláusula gatillo que era la inflación más el 1 %. No teníamos el problema de discusiones salariales violentas, porque era una cláusula gatillo que estaba escrita, porque todos los aumentos nuestros tienen que ir a aprobación del Concejo Deliberante y en ese tiempo hay que reconocer que el oficialismo tenía mayoría absoluta en el Concejo Deliberante.

 

Este compromiso permitió que los ingresos de los trabajadores municipales no perdieran vigencia, con la rapidez que lo hacían los sueldos en otros ámbitos laborales. No obstante, la adecuación de los ingresos siempre se efectuaba luego del incremento en los precios, por lo que la caída del salario en ocasiones resultaba inevitable en un contexto de hiperinflación. A pesar de esta coyuntura adversa el STMBB no adhirió a la mayoría de los trece paros generales que el movimiento obrero, representado por la CGT, promovió en el orden nacional. Indudablemente en ello influyó el acuerdo que se estableció en primer término con el ejecutivo local.

 

Nuevas y mejores instalaciones son incorporadas por el Sindicato

 

A pesar de las dificultades económicas que caracterizaron al periodo 1984- 1987, el Sindicato logró a través de gestiones ante el gobierno comunal como así también a partir de una eficiente administración de los recursos propios, incrementar su patrimonio. En ello influyó el hecho de que disminuyó el porcentaje de los aportes que los afiliados efectuaban a la Federación de Trabajadores Municipales bonaerense. Esto generó una mayor disponibilidad de recursos financieros para ser empleados en el medio local.

 

En primer término, en el año 1985 la organización gremial obtuvo la cesión de un predio de terreno ubicado en la calle Sarmiento. A partir de esa incorporación el Sindicato dispuso de un área para desarrollar un complejo deportivo y de servicios para sus afiliados, ubicada en una zona que concentró una parte significativa de crecimiento urbano de la ciudad a partir de la década de 1990, pero que al momento de la cesión no estaba desarrollada.

 

 

 

 

 

Poco después de que se hiciera efectiva la cesión del predio comenzaron las obras necesarias para su adecuación a un uso social y deportivo. Con ese fin se niveló parte de la propiedad, comenzó la forestación y se tendieron las primeras cañerías de riego.

 

También se obtuvo mediante un comodato con el gobierno comunal de Bahía Blanca un predio de una hectárea en la localidad de Sierra de la Ventana, parcialmente arbolada, lindera con un arroyo y con algunas instalaciones. A partir de entonces, los afiliados contaron con un espacio verde apto para fines recreativos, tanto en los períodos de vacaciones como durante los fines de semana.

 

Del mismo modo, en este primer mandato la nueva comisión directiva realizó importantes mejoras en la sede gremial de la calle Donado 441, como el techado del patio, al mismo tiempo que adquirieron nuevas propiedades para mejorar los servicios sociales a los afiliados. Es el caso del Residencial Monte Hermoso ubicado en la localidad del mismo nombre y del inmueble que se encuentra en la calle Villarino 225, con el fin de ser utilizada como guardería maternal.

 

Estas inversiones fueron posibles a partir de la percepción por parte del STMBB de un mayor volumen de dinero, proveniente de la cuota sindical que cada afiliado aportaba mensualmente. Antes de la normalización la mayor parte de esos fondos eran remitidos directamente a la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, una situación que se modificó luego de la asunción de la nueva comisión, que optó por enviar sólo un monto menor en forma mensual, para administrar localmente una parte mayoritaria de los aportes.

 

Esta disponibilidad de recursos permitió que el STMBB otorgase ayudas económicas a los afiliados que lo necesitaban, del mismo modo se comenzaron a destinar partidas para acción social, en cuestiones relativas a la escolaridad de los hijos de los afiliados, entre otros aspectos.

 

El crecimiento institucional y la consolidación gremial del Sindicato

 

Al terminar el mandato de la comisión directiva electa luego de la normalización, se efectúo un nuevo llamado a elecciones en el mes de julio de 1987 y resulta reelecto Francisco Rech como secretario general. En esa oportunidad votaron 1046 afiliados a favor de la Lista Azul, la única lista que presentó candidatos. El resto de la comisión directiva la integraron Néstor García como secretario adjunto, Jorge Pattuglio secretario gremial, Edgardo Ibarra secretario de organización, Julio Ale secretario de prensa, Nélida Link secretaría de finanzas, Marcelo Palma secretario de acción social y Elbia Vercesi secretaria de actas.

 

Durante esta gestión continuaron a buen ritmo las obras en el campo de deportes, debido a que se colocaron farolas, se construyeron los primeros fogones, se levantó el vestuario y el quincho y se continuó con la forestación de perímetro y de las calles internas. Del mismo modo, se mejoraron las instalaciones del Residencial Monte Hermoso y se realizaron tareas de mantenimiento y refacciones en la Guardería Maternal, propiedad del sindicato.

 

Asimismo, durante esta gestión se estableció el coseguro con la Dirección Obra Social Empleados Municipales (DOSEM), con el fin de extender la cobertura en aquellas prestaciones o servicios no considerados plenamente por la mutual. Por entonces, también se realizan una serie de convenios comerciales con diversas firmas de Bahía Blanca, que posibilitaron la compra de productos en cuotas o con precios preferenciales.

 

 

 

El Sindicato durante la década de 1990, de la estabilidad a la crisis

 

La implementación de un plan económico contrario a los intereses de los sectores asalariados, generó una respuesta inmediata de parte de algunos sectores del movimiento obrero. Esta reacción se tradujo en el primer paro general contra la gestión del presidente Menem el 9 de noviembre de 1992, una medida que contó con el apoyo del STMBB. Por entonces estaba en funciones una nueva comisión, electa en agosto de 1990. En esa oportunidad nuevamente sólo se presentó la Lista Azul, que obtuvo 1219 votos, una cifra que representaba un 70 % del padrón de afiliados.

 

La nueva comisión, que asumió en diciembre de 1990, fue integrada por Francisco Rech como secretario general, Jorge Pattuglio secretario adjunto, Marcelo Palma secretario gremial, Edgardo Ibarra secretario de organización, Julio Ale secretario de prensa, Nélida Link secretaria de finanzas, Elbia Vercesi secretaria de acción social y Maria Brendel secretaria de actas.

 

Durante esta nueva gestión un aspecto que tensionó internamente a la organización gremial y a sus afiliados, fue la creación en el orden provincial del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Esta obra social estatal fue establecida con el fin de unificar la cobertura médica para la totalidad de los empleados públicos bonaerenses. Es por ello que encontró la inmediata oposición de los trabajadores municipales bahienses, que perdían de esa manera la posibilidad de continuar con la cobertura de DOSEM, una obra social que prestaba un servicio eficiente y se administraba en forma local. Como resultado de esta oposición, la entidad gremial llegó a un acuerdo con el gobierno provincial y se evitó la disolución de obra social propia.

 

Respecto de las obras realizadas en el periodo 1990-1993 es preciso mencionar las mejoras efectuadas en el Residencial Monte Hermoso y el Camping de Sierra de la Ventana. Del mismo modo, culminó la construcción del segundo quincho en el campo de deportes, la instalación de juegos infantiles, seguido de la terminación de los vestuarios y los baños.

 

En julio de 1993, se efectuaron nuevamente elecciones de renovación de autoridades, al igual que en las convocatorias anteriores solo se presentó la Lista Azul. No obstante esto una importante cantidad de afiliados concurrió a votar y se contabilizaron 1253 sufragios positivos por la lista ganadora. A partir de entonces la comisión quedó integrada por Francisco Rech como secretario general, Jorge Pattuglio secretario adjunto, Marcelo Palma secretario gremial, Miguel Parodi secretario de organización, Héctor Diomedi secretario de prensa, Nélida Link secretaría de finanzas, Elbia Vercesi secretaria de acción social y Maria Brendel secretaria de actas.

 

En 1993 el STMBB adquirió la casa de la calle Castelli 360 para ser empleada como por un jardín maternal, destinado a los hijos de los empleados comunales. La propiedad, de mayores dimensiones que la casa de la calle Villarino, fue inaugurada el 24 de mayo de 1996, y permitió aumentar la cantidad de chicos que podían ser recibidos diariamente. Para mejorar sus prestaciones se realizaron obras de mantenimiento y modificaciones, con el fin de optimizar la funcionalidad del inmueble. También, se compró un salón lindero con la propiedad, que luego se destinó para realizar actividades sociales. Por otro lado, ese mismo año se terminó la construcción de un quincho en la localidad de Cabildo y del gimnasio cubierto en la sede social de la calle Donado 441.

 

 

 

Asimismo, en el plano de las relaciones institucionales en enero de 1994 por decisión de la asamblea de asociados, el STMBB se desafilió de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires. La causas de la determinación se originaron en la solicitud de un importante aumento de los fondos que debían ser girados a la Federación, entidad que por otra parte no había colaborado en la solución de los principales problemas que había afrontado el sindicato bahienses en los últimos tiempos, como la defensa de su obra social. Por ambas razones, los afiliados determinaron separarse de la entidad federativa provincial.

 

En el plano gremial la profundización del modelo económico neoliberal comenzó a evidenciarse, a través de despidos, problemas salariales y un creciente precarización laboral. Frente a esta situación se efectuó un nuevo paro nacional el 6 de septiembre de 1995 que contó con el apoyo del STMBB, que participó de la masiva movilización que se realizó en Buenos Aires como parte de un contingente de trabajadores bahienses movilizados en forma conjunta por la CGT local. Una posición similar tuvo la organización gremial, por determinación de sus afiliados, respecto de las medidas de fuerza que promovió la central obrera en diversas oportunidades durante 1996.

 

En el caso del paro y movilización del 26 y 27 de septiembre de 1996, los trabajadores municipales efectuaron una asamblea de afiliados. Como resultado del encuentro se difundió un comunicado de prensa en el que se advirtió que “La llamada flexibilización laboral que vienen impulsando distintos voceros del poder económico, no expresa otra cosa que las desmedidas e insaciables ambiciones de un pequeño sector que desea para sí una progresiva concentración de la riqueza de nuestro país”.

 

Un sentido similar presentaron los reclamos que el sindicato impulsó en los años que siguieron, caracterizados por un progresivo deterioro en los niveles de ingreso y una precarización del mercado laboral, tanto público como privado.

 

En ese marco tuvo lugar una nueva renovación del secretariado y, al igual que en las elecciones anteriores, solo se presentó la Lista Azul. Que resultó elegida por 1011 votos sobre 2237 empadronados, una proporción levemente inferior a la obtenida en 1993. Con ese resultado asumió el secretariado general Francisco Rech, secundado por Jorge Pattuglio, Marcelo Palma, Miguel Parodi, Nélida Link, Elbia Vercesi, Maria Brendel y Héctor Diomedi, en las diversas secretarias. El mandato se inició el 27 de diciembre de 1996 y continuó hasta 1999.

 

En octubre de 1999 se realizaron nuevamente comicios internos y resultó electa una comisión directiva que tuvo a Francisco Rech como secretario general. Lo acompañaron en la nueva gestión Jorge Pattuglio, Marcelo Palma, Héctor Diomedi, Miguel Parodi, Elbia Vercesi, Maria Brendel y Eliseo Vázquez. Al igual que en las elecciones previas solo participó la Lista Azul, que obtuvo 1157 votos sobre un padrón de 2062 afiliados.

 

Poco después de asumir la nueva comisión, se inició el gobierno del presidente Fernando De la Rúa, que acompañado por Carlos “Chacho” Alvarez se había impuesto por el 48,5% de los sufragios, contra el 38,09% del binomio peronista Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. Su gestión de gobierno se inició en un marco de profunda recesión económica, que no pudo revertir y que se profundizó en los años que siguieron.

 

El plan de gobierno de la Alianza buscó modificar el curso de la economía aplicando medidas que tenían como fin disminuir el déficit fiscal. Para ello promovió un ajuste que afectó los ingresos de los trabajadores estatales, provocando la inmediata reacción de las organizaciones gremiales, que realizaron medidas de fuerza contra las medidas promovidas por el gobierno. También los sindicatos representativos del sector privado se manifestaron en contra del gobierno, que no encontraba el camino para modificar el curso de la economía e impulsaba cambios en la legislación laboral opuestos a los intereses de los trabajadores.

 

La primera huelga ocurrió cinco meses después de la llegada al poder del presidente Fernando de la Rúa, convocado por la CGT disidente del camionero Hugo Moyano, y sería sucedida por los otros siete paros generales. Los trabajadores municipales bahienses, a través de su organización, adhirieron a algunas de estas acciones de protesta en contra del ajuste económico y del deterioro de las condiciones laborales, que en el medio local se evidenció en la intención del gobierno comunal por privatizar algunos sectores de servicios o limpieza del municipio.

 

8 de noviembre: Día del trabajador municipal

 

A partir de 1948 y con motivo de la fundación de la organización sindical a nivel provincial el sindicato se afilia a la entonces Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (F.S.T.M.P.B.A), organización que impulsara en 1959, precisamente un día 8 de noviembre, la creación del sindicato nacional de los municipales, la entonces Confederación de Obreros y Empleados Municipales Argentina (C.O.E.M.A).

 

 

La formación del Frente de Agrupaciones Municipales, un nuevo rumbo para los sindicatos bonaerenses

 

Con el regreso de la democracia la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires siguió funcionando con normalidad, bajo la conducción del dirigente Gerónimo Izzeta, al frente del secretariado general de la organización desde 1952. Por entonces, su liderazgo, conjuntamente con el de otros miembros directivos, comenzó a ser duramente cuestionado por un sector de la conducción gremial municipal, que consideraba que la Federación no defendía los derechos de los trabajadores en forma efectiva y tampoco había estado a la altura de las circunstancias durante los años de la recientemente concluida dictadura militar.

 

Estos dirigentes disidentes se organizaron primero en torno a un Frente de Agrupaciones Municipales, que comenzó a criticar no solo el accionar de la Federación sino también la legitimidad de su secretariado, compuesto por dirigentes que en algunos casos ya no representaban en forma efectiva a trabajadores. Estos cuestionamientos se potenciaron luego del plenario de secretarios generales que tuvo lugar el 24 de abril de 1985 y que culminó con graves hechos de violencia.

 

A partir de entonces las disidencias se acentuaron y dieron lugar a la constitución la Lista Celeste y Blanca, con el fin de participar de las próximas elecciones de autoridades que tendría lugar en noviembre de 1985. En los meses previos al comicio un grupo de dirigentes, entre los que se encontraba el dirigente bahiense Jorge Pattuglio, recorrieron la provincia con el fin de informar a los trabajadores y dirigentes municipales de las características de su propuesta.

 

El nuevo núcleo de dirigentes fue conducido en ese proceso por el secretario general del gremio municipal de Avellaneda Antonio García, que fue candidato a ocupar el secretario general en la lista que se conformó para la elección. A pesar de los esfuerzos por conseguir el apoyo de los trabajadores comunales, la Lista que se impuso fue la oficialista Lista Verde que proponía la continuidad de Gerónimo Izzeta al frente del secretariado.

 

 

 

En realidad el proceso electoral presentó serías irregularidades en una parte importante de los distritos, donde no se respeto el acuerdo al que habían llegado las listas el 23 de octubre de 1984, cuando convinieron la presencia de un delegado de la Junta Electoral y de un veedor del Ministerio de Trabajo en cada uno de los lugares de votación. Como consecuencia de ello el oficialismo, que disponía de mayores recursos, se impuso frente al sector disidente, que denunció sin éxito ante las autoridades judiciales las irregularidades ocurridas.

 

A pesar del resultado adverso los dirigentes nucleados en la Lista Celeste y Blanca siguieron trabajando para alcanzar la dirección de la Federación, para ello se presentaron nuevamente a la elección del 29 de diciembre de 1988. Por entonces Antonio García fue nuevamente candidato a ocupar el cargo de secretario general, Francisco Carosio de secretario adjunto y Jorge Pattuglio de secretario gremial. Pero nuevamente al momento de renovarse las autoridades se impuso la oficialista Lista Verde, que mantuvo así la dirección de la Federación.

 

A partir de allí se inicia un proceso de desafiliación de sindicatos de la Federación, por entender que su conducción no representaba de manera eficiente a los trabajadores municipales y que los procedimientos electorales no presentaban la transparencia necesaria.

 

En los años que siguieron las tensiones entre ambas facciones del gremialismo municipal bonaerense, lejos de atenuarse se intensificaron, a partir del posicionamiento que ambos grupos tuvieron respecto de la sanción en 1996 de la Ley N° 11.757, que estableció un nuevo estatuto para todos los trabajadores municipales bonaerenses. Una normativa que promovida por el entonces gobernador Eduardo Duhalde y apoyada por la mayoría legislativa en las cámaras, afectó de manera directa los intereses de personal comunal. En especial porque permitió que los trabajadores municipales perdieran las paritarias, los convenios colectivos nacionales de trabajo, la carrera municipal, la estabilidad en el cargo, el porcentaje de antigüedad al 3% anual, entre otros aspectos.

 

Al mismo tiempo esta normativa dejó sin efecto los estatutos locales, que se habían logrado con esfuerzo luego del regreso de la democracia. Pero para ello debía ser aprobada ad referéndum de los concejos deliberantes de cada comuna, por lo que los trabajadores municipales se movilizaron el 15 de diciembre de 1995 en un número superior a los 2200 trabajadores, primero hacia el Concejo Deliberante, donde fueron recibidos por las autoridades del cuerpo, y luego hacia el Palacio Municipal, donde entregaron un petitorio al intendente Jaime Linares. A partir de este reclamo el cuerpo deliberativo mediante una resolución rechazo el proyecto de estatuto único para todo el personal municipal provincial, por considerar que era contrario a la autonomía de los municipios.

 

 

 

Continuidad institucional y crecimiento organizacional

 

Los días 20 y 21 de diciembre de 2001 serán recordados como uno de los momentos más difíciles de la historia argentina reciente debido a que por entonces se desató la peor crisis político-institucional de las últimas décadas, que terminó abruptamente con la presidencia de Fernando de la Rúa.

 

Por su intensidad generó no solo una sucesión de gobiernos inestables sino también marcó el fin de la convertibilidad, el principal componente del modelo que había regulado la economía argentina en la década precedente. Esto último provocó una fuerte devaluación del peso argentino, con el consiguiente deterioro en los ingresos de los sectores asalariados.

 

Asimismo, los cambios operados durante la década de 1990, responsables de un profundo quebranto del sector productivo y un notable crecimiento de la desocupación, complejizaron aun más la situación crítica en la que se encontraba Argentina en los primeros meses de 2002. Es por ello que las dificultades institucionales se agudizaron con el correr de los primeros meses, hasta que la primera magistratura quedó en manos del justicialista Eduardo Duhalde. En un contexto de fuertes reclamos y movilización popular, expresados en los cada vez más frecuentes “cacerolazos”, debido que a la crítica situación de los sectores trabajadores se sumó el descontento de los sectores medios, perjudicados también por el deterioro de sus ingresos, el desempleo y por medidas económicos como el “corralito” financiero.

 

Sin embargo, los primeros y difíciles años del nuevo milenio dieron paso a un nuevo momento de crecimiento. La conducción económica primero del presidente Duhalde y luego en 2003 del nuevo mandatario electo Néstor Kirchner logró, mediante la devaluación monetaria y algunas medidas de fomento recuperar la competitividad industrial y agrícola en el concierto internacional. Al mismo tiempo el aumento de la producción del medio rural, generó una fuerte alza en la actividad metalmecánica asociada a los talleres constructores de maquinaria agrícola, que incluso comenzaron a exportar beneficiados por una situación cambiaria favorable. Del mismo modo, la industria automotriz incrementó su producción, tanto para los mercados internacionales como para el consumo interno, en pleno crecimiento a partir de la reactivación económica que disminuyó los niveles de desempleo e incrementó los ingresos de los sectores medios y asalariados. Una mejora en la distribución del ingreso que progresivamente colaboró con la reactivación de otros sectores productivos, como la industria textil, electrónica o de la construcción.

 

En ese contexto de reactivación y con Néstor Kirchner como presidente de la Nación, se realizaron las elecciones para renovar la intendencia bahiense y el radicalismo perdió, tras 20 años ininterrumpidos de gobierno. En esa oportunidad, el justicialista Rodolfo Lopes obtuvo el 43 por ciento de los votos, contra el 31,7% reunido por Jaime Linares, quien vio frustrada su pretensión de ser intendente por cuarta vez consecutiva.

 

Con el inicio del nuevo milenio la dinámica institucional del Sindicato continuó funcionando con normalidad. En tal sentido, el 20 de setiembre de 2002 se realizó una nueva convocatoria a elecciones y sólo se presentó la Lista Azul. Sus candidatos fueron votados para conducir el sindicato durante el periodo 2003-2005, por un total de 1109 votos afirmativos, sobre un padrón de 2229 afiliados.

 

Esta situación electoral se mantuvo hasta 2005, desde entonces a diferencia de lo ocurrido en las décadas previas, las elecciones contaron con la participación de diversas agrupaciones. En efecto, en los comicios internos del 31 de agosto de ese año participó la tradicional Lista Azul, que en esa ocasión compitió con la Lista Celeste y Blanca. La primera propuso nuevamente a Francisco Rech para el secretariado general de la organización, mientas que la segunda optó por presentar a Juan Carlos Vignatti.

 

 

 

Finalmente, los afiliados se inclinaron en forma mayoritaria por apoyar al oficialismo, que se impuso por 1357 votos frente a sólo 457 de la lista alternativa. Si bien la elección no alteró la conducción del Sindicato, puso de manifiesto la presencia de sectores que no compartían el tipo de gestión que llevaba adelante la Lista Azul y que estaban dispuestos a organizarse para disputar la dirección de la organización. Asimismo, la presencia de dos alternativas ocasionó un incremento notable en el número de votantes, que llegaron a 1842, incluyendo aquellos sufragios anulados, impugnados o en blanco.

 

La proclamación de los electos se produjo el 13 de septiembre de 2005 y la nueva comisión fue integrada por Francisco Rech, Jorge Pattuglio, Marcelo Palma, Héctor Diomedi, Eliseo Vázquez, Miguel Agüero, Maria Brendel y Miguel Partodi. Por discrepancias con la conducción de la organización, al momento de iniciar la nueva gestión Jorge Pattuglio decidió no asumir como secretario adjunto y la comisión directiva facultó a Francisco Rech para que elija una reemplazante. En función de este mandato Rech decidió que el secretario de acción social, Miguel Agüero, asumiera como secretario adjunto para el período 2005-2008.

 

En el plano gremial, cuando la crisis de 2001 comenzó a ser superada, las tensiones salariales se reactivaron y los reclamos de las organizaciones sindicales se intensificaron, tanto el sector privado como público. Por entonces, los municipales bahienses no fueron una excepción a esta tendencia y, a partir de 2003, se sucedieron planes de lucha en procura de mejoras salariales y laborales.

 

El primer reclamo se produjo poco antes de asumir la intendencia Rodolfo Lópes, en diciembre de 2003. En esa oportunidad el sindicato presionó al dirigente electo para que respetara los acuerdos preelectorales, por los cuales las cifras salariales no remunerativas que percibían los trabajadores debían ser reconocidas. Inicialmente no se llegó a un acuerdo pero para abril de 2004 luego de varios meses de negociación, el Sindicato logró el aumento del básico, a partir de blanqueo de una parte de los ingresos, y un incremento salarial. A pesar de este acuerdo el entonces secretario adjunto Jorge Pattuglio afirmó:

 

Mantenemos el reclamo por la recomposición salarial debido al desfase que se ha dado entre el poder adquisitivo de los trabajadores y las necesidades que les presentan. Si bien este incremento no satisface a todos los trabajadores, reconocemos el esfuerzo que hace la Municipalidad para mejorar los salarios.

 

Poco después el Sindicato promovió un reclamo gremial, pero esta vez motivado en un pedido de recomposición salarial. La negociación culminó a finales de julio de 2005, luego que los trabajadores municipales se movilizaran masivamente en dos ocasiones y realizaron tres paros de actividades, cuando el ejecutivo municipal duplicó el incremento ofrecido en primer término. Más allá del resultado positivo alcanzado por la negociación, resulta necesario reconocer que el proceso reveló una importante capacidad de reacción y un fuerte compromiso por parte del conjunto de los afiliados, que participaron masivamente del plan de lucha propuesta por la organización. En forma conjunta con los reclamos de orden salarial, por esos años desde el Sindicato también se realizaron otras gestiones gremiales específicas. Es el caso por ejemplo de la solicitud que el secretario adjunto Miguel Agüero les efectuó en 2005 a Silvia Otero y Mónica Franqueira, para que procedieran al armado de una comisión en el hospital municipal, con el fin estudiar la inclusión dentro del escalafón municipal de un agrupamiento de enfermería. Las tramitaciones se efectuaron primero a nivel gremial y luego fueron analizadas en la paritaria, acordándose finalmente la inclusión solicitada durante la gestión del intendente Breitenstein.

 

Tensiones salariales y cambios institucionales

 

La gestión del intendente Rodolfo Lopes se extendió hasta 2005 cuando el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad determinó, por una amplia mayoría, destituirlo. Motivo esta medida, una serie de graves acusaciones en su contra que se formularon ante la justicia. A partir de entonces asumió la intendencia Cristian Breinstentein, que luego en las elecciones de octubre de 2007 resultó electo para ocupar el ejecutivo bahiense. En esos mismos comicios fue elegida como presidente Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli como gobernador bonaerense.

 

Luego de culminar el mandato de su antecesor, Breitenstein fue reelecto para ocupar la intendencia local en octubre de 2011, sin embargo poco después de asumir solicitó una licenciada para ocupar un ministerio provincial y lo sucedió en el cargo Gustavo Bevilacqua, primer candidato de la lista de concejales de su partido.

 

En lo que respecta al STMBB, durante estos años se incrementó el descontento de algunos núcleos de afiliados con la dirección del Sindicato. Tanto es así que para las elecciones de septiembre de 2008, la fragmentación se acentuó y fueron tres las agrupaciones que presentaron candidatos: la Lista Naranja liderada por Pablo Stegmann3, la Lista Blanca encabezada por Martín Serra y la Lista Azul, que promovía un nuevo mandato de Francisco Rech. El resultado de la elección determinó un nuevo triunfo del oficialismo, pero en esa oportunidad por una exigua diferencia, debido a que sólo alcanzó 769 votos, frente a 624 de la lista Naranja y 460 de la Lista Blanca.

 

En relación a los mecanismos de elección dispuestos por el estatuto sindical, luego de su reforma en febrero de 2008, se realizaron una serie de modificaciones significativas en lo que respecta a la composición de las futuras comisiones directivas, que contaron con el acuerdo de la asamblea de afiliados. Esta determinación se debió a la necesidad de adecuar esa normativa a la Ley de Asociaciones Profesionales N° 23.551 y a la ley de Género N° 24.012. En tal sentido, los principales cambios fueron la inclusión del cupo femenino en la comisión directiva de la entidad, la extensión del mandato de la comisión a cuatro años, la elección de la Junta Electoral mediante asamblea y la inclusión de una cláusula transitoria que permite a la comisión directiva introducir al estatuto las modificaciones que pudiera sugerir el Ministerio de Trabajo.

 

En el plano estrictamente gremial a partir de septiembre de 2007 se profundizaron los reclamos salariales ante el ejecutivo municipal, por entonces a cargo intendente interino Cristian Breitenstein. En esta oportunidad más de mil municipales se movilizaron a la sede comunal, para reclamar un aumento salarial del 30% para el segundo semestre de este año, tras rechazar una propuesta del ejecutivo local de otorgar una mejora del 12%. La protesta se realizó por la mañana durante tres horas bajo una intensa lluvia y antes de concentrarse frente a la Municipalidad los manifestantes se detuvieron unos minutos ante el Concejo Deliberante, donde entregaron al titular del cuerpo un petitorio que contenía su demanda salarial.

 

 

 

En esa oportunidad el entonces secretario adjunto del Sindicato, Miguel Agüero, le comunicó a la prensa que "estamos pidiendo una suba salarial del 30%, con lo cual el sueldo más bajo de un empleado municipal, que es de 808 pesos, pasaría a ser de 1.050 pesos". Luego reconoció que Bahía Blanca "es una de las pocas comunas que tiene paritarias", a pesar de la Ley N° 11.157, para luego indicar que "el intendente inicialmente ofreció un incremento del 5% y el lunes fue a la sede de nuestro gremio a proponer pagar ese 5% en forma remunerativa más una suma fija de 90 pesos no remunerativos para cada trabajador, con lo que se llegaba a un aumento global del 12%. Pero se hizo una reunión con los delegados y se decidió no aceptar y concretar la movilización".

 

La resolución del conflicto se prolongó por espacio de unos meses, en los que se sucedieron masivas movilizaciones y reuniones de afiliados, hasta que en diciembre de 2007, una asamblea de afiliados acordó por mayoría de los presentes apoyar el acuerdo por un aumento de 22%.

 

Un año después, en diciembre de 2008, un nuevo conflicto gremial se inició a partir de la solicitud de un aumento salarial por parte del STMBB. En esa oportunidad, el incremento solicitado fue muy superior a la propuesta del ejecutivo, una circunstancia que inició una negociación cargada de tensiones. El día jueves 17 de diciembre se efectuó una asamblea en el Club Independiente, que contó con la asistencia más de un millar de trabajadores, en la que se rechazó el ofrecimiento, se determinó movilizarse hacia el Palacio Municipal y se dispuso un paro con movilización para el día siguiente. La intensidad del reclamo se mantuvo durante el fin de semana y el lunes los afiliados se congregaron nuevamente en asamblea a primera hora.

 

Frente a la continuidad del plan de lucha, el intendente comunal Cristian Breitenstein anunció que se estaba elaborando el decreto para descontarles a los huelguistas los días no trabajados, al mismo tiempo que se estaba abriendo un listado de inscriptos para cumplir funciones laborales en el municipio. Ante estas medidas de carácter intimidatorio y frente a la posición inflexible del gobierno comunal, la asamblea de afiliados decidió aceptar una cifra menor a la solicitada en primer término. El acuerdo contempló también el pase de empleados temporarios a planta, la apertura de paritarias en marzo de 2009 y la cobertura de cargos vacantes a través de concursos. De esa manera, se cerró una disputa salarial que generó seis paros totales y masivas movilizaciones por el centro de la ciudad.

 

Los gremios de trabajadores municipales se reorganizan: la conformación de la FESIMUBO en el orden bonaerense y de la CTM en el orden nacional

 

La aplicación de un modelo económico de tipo neoliberal de la década de 1990, afectó notablemente al conjunto de los trabajadores argentinos, al mismo tiempo que llevó los niveles de desocupación a valores nunca antes alcanzados. En el caso de los trabajadores municipales fue la sanción de la ley 11.757 en 1996, el factor que evidenció el avance del neoliberalismo. En efecto, la nueva normativa terminó con la vigencia de los estatutos locales, profundizó las condiciones laborales de precarización contractual y posibilitó la tercerización de servicios. Su promulgación no fue avalada por el conjunto de las organizaciones sindicales comunales bonaerenses y representó el inició de un proceso de renovación del movimiento gremial municipal, debido a que la entonces conducción de la Federación provincial no se manifestó en contra de la ley, en franca oposición a los intereses legítimos de los trabajadores.

 

Esta situación no hizo más que profundizar las disidencias entre la dirección gremial de la Federación y un amplio conjunto de gremios municipales de diversos distritos de la provincia. Un ejemplo de estas tensiones fue la proscripción que sufrieron la mayoría de los Delegados Congresales de los sindicatos locales, en el Congreso Provincial Federativo convocado en el año 2003 en el Partido de Adolfo Alsina, con el fin de renovar las autoridades sindicales. Ante esa situación la Agrupación Celeste y Blanca provincial decidió llevar adelante el denominado “Congreso de la Militancia”, que sirvió de punto de partida para la refundación del movimiento sindical municipal en la provincia de Buenos Aires.

 

En ese encuentro los representantes de los gremios decidieron crear una nueva organización federativa provincial, que respondiera a los intereses de las organizaciones de base. De esa forma nació la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), que se formalizó en el Congreso efectuado en la ciudad de Mar del Plata en el transcurso de mayo de 2004, donde los congresales eligieron al primer Consejo Directivo, que tuvo a Juan Carlo Sluga de La Matanza como primer secretario general y Rubén García de Avellaneda como secretario adjunto. En representación de Bahía Blanca Jorge Pattuglio asumió la Secretaría de Relaciones Internacionales en ese cuerpo directivo. Poco después el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación le otorgó la personería gremial a la nueva organización.

 

Posteriormente, en 2008, se renovaron las autoridades de la FeSiMuBo pero en esa ocasión la elección se efectuó mediante el voto directo de los afiliados. El cambio en la modalidad electoral se originó según expresaron sus propios directivos en el hecho que:

 

Esta Federación está al servicio de los trabajadores municipales para que sean sujetos protagónicos y no objetos de políticas resueltas en conciliábulos palaciegos. Para ello hemos establecido el vota directo en la elección de autoridades, lo que sin duda servirá también para acercar a los dirigentes a sus representados. El voto directo será una herramienta más de participación y control de los trabajadores sobre sus representantes y un mayor compromiso de estos.

 

 

 

Bajo ese mecanismo de elección fue designado al frente de la entidad gremial el dirigente de Avellaneda Rubén García. Durante esta gestión se realizaron importantes actos y movilizaciones solicitando la derogación de la Ley 11.757, principal resabio de la década menemista. El más significativo fue el efectuado el 27 de Agosto de 2008, con la presencia de más de ocho mil quinientos, entre ellos cuarenta y siete representantes de los Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca que viajaron especialmente a la Plata, que marcharon hasta la Cámara de Diputados exigiendo la inmediata derogación de la funesta normativa.

 

En lo sucesivo la FeSiMuBo se consolidó como la principal federación en el orden bonaerense, renovando nuevamente sus autoridades el 28 de junio de 2012. Esa elección contó con un alto nivel participación, debido a que 92 mil trabajadores municipales, cerca del 72% del padrón, participaron de los comicios que proclamaron a la lista ‘Celeste’ encabezada por Rubén García y Rubén Paulillo, secretario general y adjunto respectivamente, al frente de la conducción federativa hasta 2016. Es de destacar que por segunda vez consecutiva los trabajadores afiliados a la FeSiMuBo, pertenecientes a casi un centenar de municipios de la provincia de Buenos Aires, concurrieron a las urnas para ejercer el derecho de votar en forma directa a sus autoridades, en un clima de completa normalidad y transparencia electoral. En representación del Sindicato de trabajadores municipales de Bahía Blanca fueron electos Francisco Rech y Miguel Agüero como secretario y subsecretario respectivamente de relaciones internacionales.

 

Desde su asunción los miembros del secretariado entablaron reuniones con los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El motivo fue la solicitud de tratamiento y debate del proyecto de Ley que restituye derechos a los trabajadores municipales de todo el territorio provincial.

 

Con ese fin, dirigentes gremiales que integran el Consejo Directivo de la FeSiMuBo, liderados por el secretario general Rubén ‘Cholo’ García, mantuvieron audiencias con los presidentes de los distintos bloques legislativos que componen la Cámara Baja Bonaerense para solicitarles el apoyo al proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Mancini e impulsado por la Federación provincial.

 

 

 

El proyecto reside en el parlamento provincial desde el año 2006, cuando Rubén García, legislador provincial por ese entonces, presentó varios anteproyectos que disponían la derogación de la Ley 11.757 que precarizó las condiciones de trabajo del empleado municipal, y la solicitud del restablecimiento del derecho de negociación en paritarias para los trabajadores. Cuando culminó su mandato legislativo la iniciativa fue retomada por el diputado Jorge Mancini.

 

Ese proceso de cambio que afectó al asociacionismo de los trabajadores municipales bonarenses, luego del cual la Federación mantuvo sólo a algunos sindicatos afiliados, también afectó a la entidad confederal de orden nacional que funcionaba desde 1959: la COEMA. Esta organización había mantenido siempre una estrecha relación con la federación bonaerense, a tal punto que durante casi toda su trayectoria fue Gerónimo Izzeta quien la presidió. Es por ello que el núcleo de dirigentes bonaerenses que impulsaban un cambio en el rumbo gremial en el orden provincial, también lo hicieron a escala nacional, para ello promovieron en 2005 junto a representantes de otras federaciones provinciales, la formación de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM). La determinación respondió a la necesidad de generar un espacio de análisis y discusión, que pudiera responde a los conflictos que afectaban a los trabajadores del sector.

 

A partir de entones la COEMA pasó a tener injerencia sólo en los asuntos que afectan a los trabajadores municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tal punto que su secretario general es Amadeo Genta, que ocupa la misma función en la entidad gremial de los municipales de ese distrito.

 

Por su parte, los representantes de la CTM se reunieron el 25 de septiembre de 2005 para determinar el documento fundacional y la declaración de principios. En ese texto inaugural los dirigentes autoconvocados afirmaron:

 

Somos militantes sindicales, y nos sentimos portadores de una historia y una conducta.

 

Muchos de nosotros somos parte de esa generación que no claudicó en sus convicciones, que resistió a la política humillante y entregadora de la dictadura genocida y combatió contra las políticas de entrega en la década infame del modelo de los ‘90.

 

Con esas mismas convicciones, venimos a contribuir para ponerle fin a la Argentina devastada por el neoliberalismo y reparar la exclusión social, la marginación, el endeudamiento externo, el saqueo del patrimonio nacional, la corrupción y el desguace del Estado impuesta por una salvaje concentración de la riqueza.

 

Los trabajadores municipales sabemos que la historia vuelve a darnos una oportunidad para restaurar un Proyecto Nacional. ¡No la vamos a desaprovechar!.

 

Movilizados por esos principios dirigentes municipales de todo el país, entre ellos los representantes de FESIMUBO, constituyeron a finales de 2005 una conducción nacional provisoria, que organizó durante el transcurso de los primeros dos años a la nueva estructura gremial. Luego de ese proceso formativo se efectuó el primer congreso de elección de autoridades, llevado a cabo en la ciudad de Villa Carlos Paz, en mayo de 2007, que eligió a Rubén “Cholo” García, representante de la Federación Municipal Bonaerense y Claudio Leoni, titular de la Federación de los Municipales de la Provincia de Santa Fe como Secretario General y Secretario General Adjunto respectivamente. En esa oportunidad concurrió con carácter de congresal, en representación del sindicato bahiense, Miguel Agüero, único representante entre los distritos de la Sexta Sección Electoral.

 

Al congreso, que se realizó en la Colonia de Vacaciones del Sindicato Municipal de la Matanza, asistieron los representantes de Federaciones y Sindicatos Municipales de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Tucumán, Córdoba, Jujuy, Rio Negro, Salta, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Asimismo, por unanimidad el Congreso resolvió destacar la participación de los representantes de los Sindicatos Municipales más grandes de la República Argentina como son Rosario, Córdoba y la Matanza, cuyo secretario general y miembro de la FESIMUBO, Juan Carlos Sluga, cerró el encuentro.

 

A partir de entonces la labor de la nueva confederación no se interrumpió y siguiente la premisa básica contenida en su documento fundacional: “El problema de un trabajador municipal en el lugar del país en que se encuentre, es el problema de los 500.000 trabajadores municipales argentinos”, su labor sindical se extendió a lo largo de casi la totalidad de los estados provinciales.

 

 

 

Asimismo, y con el fin de obtener un reconocimiento legal en 2007 la CTM obtuvo por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación la Inscripción Gremial (registrada bajo el número 2471), que la reconocía como organización sindical de tercer grado. La instancia siguiente fue la obtención de la personería gremial en mayo de 2010 (resolución ministerial N° 504), que habilitó a la nueva Confederación para asumir la representación legal de las entidades gremiales municipales de primer y segundo orden.

 

En forma paralela, la CTM organizó una importante cantidad de acciones gremiales, desde movilizaciones en reclamo de mejoras salariales y laborales hasta reuniones con autoridades nacionales para consolidar los logros alcanzados y facilitar nuevos progresos. Esa intensa labor se resume en:

 

Hay mucho más para agregar, lo importante es que estamos haciendo y construyendo un nuevo Movimiento Municipal, donde logramos instalar en la agenda nacional los problemas que tenemos para llegar a la pronta solución, y con dirigentes municipales de 22 provincias que dan la cara en cada conflicto.

 

Con una amplia representación de más de 300 delegados de todos los espacios provinciales el 11 marzo de 2011 se renovaron las autoridades de la CTM, siendo reelecto Rubén García al frente de un secretariado, que incluyó representantes de la totalidad de las provincias que componen la confederación.

 

Poco después de constituida la nueva comisión directiva se organizó una marcha ante la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) para reclamar el incumplimiento del convenio oportunamente firmado por el titular de esa entidad, Julio Pereyra, en 2005 a instancias del entonces Presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner. La medida fue resuelta en la reunión del Consejo Directivo de la CTM, que resolvió efectuar la movilización el 4 de agosto de 2011.

 

Decálogo de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina

 

1. Estabilidad en el empleo.

2. Inmediato pase a planta permanente de todos los auténticos trabajadores contratados en tareas habituales y permanentes.

3. Salario Mínimo Vital y Móvil.

4. Ley de Convenio Colectivo de Trabajo.

5. Derogación de la ley 11757 de la Provincia de Buenos Aires y de toda otra norma atentatoria contra la dignidad de los trabajadores municipales.

6. Salario Familiar uniforme, de acuerdo a las pautas nacionales.

7. Cese de la criminalización de la protesta gremial.

8. No al fraude laboral que encubre trabajo municipal.

9. Constitución del Consejo Nacional del Trabajo Municipal (CNTM)

10. Justicia del Trabajo para entender en materia de empleo público municipal.

 

 

Previamente, y como instancia inicial del Plan Nacional de Protesta, el 8 de junio se entregó a cada Intendente Municipal que conforma el órgano de conducción de la FAM, de un documento donde se fijaron una serie de puntos básicos como establecer el alcance del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los Trabajadores Municipales de todo el país, la vigencia de la Negociación Colectiva de Trabajo en cumplimiento de los Convenios 151 y 154 de la OIT, la derogación de toda norma atentatoria contra la dignidad de los trabajadores y el fin de las contrataciones fraudulentas que precarizan y encubren el trabajo municipal, entre otros aspectos. Finalmente, la marcha contó con una importante presencia de trabajadores, que se movilizaron a la sede de los intendentes en la Capital Federal el 4 de agosto de 2012, a un año del reclamo anterior donde se concentraron más de 20.000 trabajadores provenientes de todo el país.

 

Durante 2013 los planes de lucha y las acciones de protesta por parte de los gremios municipales en general y en particular del STMBB, continuaron con regular intensidad. La primera acción de relevancia se efectuó el 14 de mayo cuando el STMBB adhirió al paro por 24 hs. con movilización a las Legislatura Bonaerense, convocado por la FESIMUBO en reclamo por la derogación de la Ley 11.757, la apertura de paritarias provinciales y la restitución del 3% de antigüedad. Un objetivo similar presentó la movilización que el conjunto de sindicato municipales efectuaron el 14 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que contó con la participación de una delegación del STMBB compuesta por 55 trabajadores. Con los mismos objetivos el 8 de octubre de 2013 se efectuó un nuevo paro nacional organizado por la CTM, que también contó con la adhesión del Sindicato bahiense.

 

Se inicia un proceso de renovación, la Lista Verde asume la conducción del sindicato

 

La proliferación de facciones internas en los sucesivos procesos electorales internos desde 2003, pusieron en evidencia la presencia de sectores descontentos con la orientación que presentaba la dirección del sindicato. Sin embargo, la fragmentación de los grupos disidentes no permitió que los sectores internos opositoras se impusieran a la Lista Azul, que continuaba al frente de la organización desde 1984.

 

 

 

 

Esta situación cambió a partir de 2012 cuando una fracción del oficialismo, descontenta con el modelo de gestión representado por el secretario general Francisco Rech, constituyeron una organización que asumió la denominación de Agrupación 7 de abril. En conmemoración de la jornada en la que durante 2009, un grupo de afiliados y delegados realizó una serie de planteos críticos sobre la labor de algunos miembros del secretariado del STMBB.

 

La nueva agrupación se conformó en los meses iniciales de 2012 a partir de una ruptura interna dentro de la comisión en funciones. Desde ese momento, varios de los directivos liderados por el secretario adjunto Miguel Agüero comenzaron a organizarse, con el objetivo de conformar una línea interna que pudiera disputar la dirección gremial en las próximas elecciones internas.

 

Acta Constitutiva Agrupación 7 de Abril

 

En la ciudad de Bahía Blanca siendo las 20 hs del 25 de abril de 2012 nos reunimos un grupo de afiliados al Sindicato de Trabajados Municipales, coincidentes en que la participación activa dentro del ámbito sindical y social merece una apertura a nuevas expectativas, nuevas modalidades de trabajo y diversidad de pensamientos, que no necesariamente deben concordar con el oficialismo, que nosotros mismos hemos ayudado a que se constituya. Que el hecho de manifestar desacuerdo y expresar un pensamiento diferente no debe ser considerado indefectiblemente como sinónimo de “traición”, palabra empleada de manera recurrente ante cualquier indicio de discrepancia o diferencia de criterio. Que ya cansados del permanente antagonismo sin fundamentos, nos hemos volcado a la unión y organización en pos de la acción sindical, convencidos de que la única manera de poder convertir nuestros ideales en realidades es a través de la participación efectiva, y por tal motivo decidimos conformar la agrupación sindical que se denominará en adelante “7 de abril”.

 

Siendo las 21 hs. se pone a consideración la forma en que debería ser conformada una mesa de conducción modelo, la que a moción de los presentes se cubrirá con los integrantes consensuados. Los cargos a cubrir serán los siguientes: presidente, vicepresidente, secretario de actas, secretario de prensa y difusión, tesorero.

 

Acto seguido y siendo las 21:30 hs se procede a abrir las mociones para la cobertura de los cargos expuestos. Siendo las 21:45 hs. por moción y aceptación general de los presentes, la mesa de conducción de la Agrupación Sindical “7 de abril” queda constituida de la siguiente manera:

 

Presidente: Furlong, Luis

Vicepresidente: Riquelme, Pedro

Sec. de Actas: Otero, Silvia

Sec. de Prensa y Difusión: Riolfo, Angélica

Tesorero: Orlando, Héctor

 

Cerrado de por si el orden del día establecido y quedando actualmente constituida la mesa de conducción se da por finalizada la reunión firmando al pie todos los presentes para constancia.

 

Como parte de ese proceso el grupo formativo de la Agrupación 7 de abril, integrado por apenas una docena de dirigentes, inició una intensa labor de difusión entre los afiliados, que tenía como rasgo central promover la necesidad de una renovación en la organización que propiciara un funcionamiento sustentado en el intercambio y el debate de ideas. Por entender que la principal falencia que presentaba la dirección que en ese momento estaba en funciones, residía en la falta de un tratamiento crítico y reflexivo de los problemas que afectaban al sindicato y sus afiliados.

 

La primera instancia de ese proceso fue la asamblea efectuada el 25 de abril en el Club Teléfonos, donde una importante cantidad de afiliados expresó su deseo de buscar un cambio en la orientación que presentaba hasta entonces el gremio. Seguidamente, el 16 de mayo, se oficializó la agrupación encabezada por Miguel Agüero, bajo la denominación de Lista Verde, en un multitudinario acto que tuvo lugar en el Club Barracas, con la participación de más de 800 trabajadores municipales, al igual que de dirigentes gremiales de la Sexta Sección Electoral. Entre ellos, el ex Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos Carlos Otero, que fue homenajeado con la entrega de una placa.

 

Ambos encuentros pusieron de manifiesto el creciente apoyo que la nueva agrupación estaba recibiendo entre los empleados comunales, que también se evidenció al momento de conformarse la Junta Electoral en una reunión de afiliados que se realizó el 5 de junio del mismo año en el Club Independiente, que contó con la asistencia de 834 afiliados. En esa oportunidad la Lista Azul no presentó candidatos propios y apoyó a los candidatos de la Lista Blanca, traicionando de esta manera el postulado que jamás apoyarían una lista que no sea la propia. Sin embargo, a pesar de ese acuerdo se impusieron los representantes de la Lista Verde por una amplia mayoría.

 

Luego de esa reunión los integrantes de la Agrupación 7 de abril-Lista Verde dispusieron la apertura de un local propio, donde se recepcionaron inquietudes y propuestas de numerosos afiliados, que luego se emplearon para conformar la plataforma electoral de la organización.

 

El proceso culminó el 14 de agosto cuando se realizaron las elecciones internas del STMBB, con la participación de las listas Verde, Azul y Blanca. La primera conformada por los miembros de la Agrupación 7 de abril, la segunda integrada por los dirigentes que respondían al secretario en funciones Francisco Rech y la tercera liderada por Pablo Larrea.

 

La campaña electoral fue intensa, tanto en los lugares de trabajo como a través de los medios de comunicación. En sus declaraciones el representante de la Lista Azul y secretario general, Francisco Rech, sostuvo "Estamos demostrando día a día lo que estamos haciendo por los municipales, gracias a su apoyo. Por eso les pedimos que renueven ese apoyo para poder seguir trabajando en los arreglos salariales, la incorporación de gente y el reconocimiento del escalafón para enfermería, entre otras cosas". En relación a las críticas recibidas aclaró que no compartía los planteos que cuestionaban la falta de participación de los agremiados, y resaltó que "Es un sindicato que en todas las elecciones se presentaron tres listas y que llama a elecciones cada tres años. Nos dicen que llevamos muchos años en el sindicato pero siempre hemos sido legitimados y, a su vez, ha habido alternancia entre los dirigentes".

 

Por su parte, Miguel Agüero en representación de la Lista Verde resaltó que era necesario cambiar los paradigmas que habían caracterizado hasta entonces el funcionamiento del sindicalismo municipal a nivel local y provincial. Para ello consideró imprescindible fomentar una mayor participación de los afiliados, así como también de los delegados, en la dirección de la organización. En relación a su agrupación afirmo que "Nosotros decimos que somos la mejor opción a esta conducción que lleva 28 años, debido a que las pautas programáticas que estamos presentando fueron hechas por los propios afiliados”, para ello “Se organizaron seis diferentes grupos para desarrollar proyectos tangibles como restablecer el contacto del jubilado con el sindicato, porque hoy está olvidado y no recibe ningún tipo de prestación a nivel social, o la creación de las secretarías de la Mujer, de Deportes y de Juventud". En relación a la situación de los trabajadores resaltó que "La problemática de los municipales es de alcance provincial, con una ley nefasta como la 11.757, que vulnera todos los derechos del trabajador”.

 

Del mismo modo, el candidato a secretario general por la Lista Blanca Pablo Larrea aclaró que “los afiliados no deben creer que existe una polarización entre los otros dos candidatos, ya que esa idea que sus adversarios intentan instalar es la que, en realidad, deja afuera a los agremiados”, para luego afirmar que “….también han permitido el ingreso de compañeros precarizados, que no cuentan con los beneficios de la obra social y de la caja jubilatoria". Por último, comentó que la lista Blanca busca la reestabilización de la carrera municipal y la participación de los afiliados en asambleas para definir los resultados de las paritarias.

 

Finalmente, las elecciones se realizaron el 14 de agosto en 20 lugares de votación habilitados y un padrón de 2609 afiliados en condiciones de votar.

 

 

 

El resultado evidenció un claro triunfo para la lista Verde de Agüero, con 1.101 votos (50,81%), seguido por la lista Blanca de Pablo Larrea, con 631 sufragios (29.12%), en tanto que la oficialista lista Azul, que impulsaba una nueva candidatura de Rech, se quedó en el tercer puesto, con 435 adhesiones (20,07%). En relación a los lugares de votación, la Lista Verde se impuso en en 15 de las mesas habilitadas (delegaciones Centro, Villa Rosas, Noroeste, Cabildo, Harding Green, Las Villas y General Cerri, además de Parque Independencia, Limpieza, Terminal, CUIM, Cementerio, Minoridad y Palacio Municipal), mientras que la Lista Blanca ganó en Ingeniero White, Talleres, Catastro y el Hospital Municipal, siendo la delegación Norte registró la única mesa en que se produjo empate, con 16 votos para cada una de las dos listas más elegidas.

 

La nueva comisión asumió el 28 de Diciembre de 2012 generando una amplia expectativa entre los afiliados de la organización, que buscaban un cambio en la dinámica gremial de la institución. El nuevo secretario general, Miguel Agüero, se había iniciado en la labor sindical como delegado del turno noche en el área de enfermería del Hospital Municipal en 1999, para luego serlo por el turno mañana. Su actividad gremial en el nosocomio, por entonces un medio laboral que presentaba un alto nivel de participación sindical, le valió ser convocado para integrar la comisión directiva en 2005, donde siguió participando hasta ocupar primero la función de Secretario Adjunto, para luego alcanzar la dirección de la organización. Asimismo, entre los antecedentes gremiales de Agüero se destaca su desempeño como Subsecretario de Relaciones Internacionales de la FESIMUBO durante dos períodos (2004- 2008 y 2008-2012), al igual que su labor como 5° congresal en la CTM entre 2008 - 2012, entidad en la que también se desempeño como presidente de la junta electoral durante la renovación de autoridades de 2012.

 

Una extensa labor gremial, social y deportiva se promueve desde el Sindicato

 

Luego de superadas las tensiones iniciales que provocó la crisis económica e institucional de 2001, el Sindicato continuó promoviendo acciones en beneficio de sus afiliados. Fue así como en 2004 la casona de la calle Villarino, desafectada de su función como guardería, fue acondicionada para ser utilizada como alojamientos para los afiliados de otras organizaciones sindicales municipales, que por alguna razón debían permanecer en Bahía Blanca. Este acuerdo se realizó con otras entidades sindicales municipales de la región que, como el STMBB, están adheridas a FeSiMuBo.

 

En el plano deportivo, el Sindicato organizó diversos torneos deportivos internos, continuando con una tradición que se había iniciado luego de la normalización de 1984. Fue así como se organizaron torneos de fútbol y bochas, que contaron con la participación de un importante conjunto de trabajadores municipales, por lo general agrupados en equipos por dependencia. Algunos de estos trabajadores participaron también en encuentros y torneos de carácter nacional e incluso internacional, obteniendo excelentes resultados, como en las olimpiadas municipales nacionales de Córdoba en 2000, por ejemplo.

 

En el orden local, durante el año 2010, se destacó por el nivel de convocatoria que presentó el Torneo Bicentenario-Día del trabajador municipal, que se realizó el 8 noviembre de ese año en la localidad de Monte Hermoso. El encuentro, que reunió a un importante número de afiliados junto a sus familias, se realizó en dos jornadas y entre las disciplinas que se incluyeron se destacó la pesca, empleándose la propia playa del balneario en la zona delimitada entre el faro y la primer curva del camino al balneario el sauce.

 

Al mismo tiempo se efectuaron torneos de futbol 5, tejo, truco, vóley y metegol. Este encuentro social y deportivo también se realizó en 2011 y 2012, en el predio sindical de Avenida Cabrera y Fragata Sarmiento. Al igual que en la primer edición, las actividades comenzaran por la mañana y se extendieron durante toda la jornada, culminando con la entrega de premios a los ganadores. En esa oportunidad se incluyeron disciplinas como fútbol, metegol, tejo y truco.

 

Al asumir la nueva gestión liderada por Agüero se puso énfasis en la participación de los afiliados en distintas comisiones de trabajo para optimizar la organización de las actividades sociales: “Jubilados, Juventud, Mujer, Fiesta y Deportes. Es así como se pudieron realizar varios viajes sociales, tanto para afiliados activos como también para jubilados a distintos puntos del país: Termas de Río Hondo, Cataratas, Camboriú, Mar del Plata, Buenos Aires, Mendoza, etc.; aportando además una mayor oferta de paquetes turísticos nacionales e internacionales.

 

En el mes de agosto, como es una constante en los últimos años, se realizaron los festejos del “Día del niño” en el predio de Fragata Sarmiento, con una presencia de más de 400 niños que participaron de juegos, entretenimientos y actos de magia, además de sorteos de bicicletas y órdenes de compra. Durante el segundo semestre del año se realizaron torneos de bochas y fútbol con una buena participación de afiliados. En el mes de septiembre la Comisión de Jubilados realizó la cena anual con una masiva concurrencia de afiliados de la tercera edad. En conmemoración al día de la madre se organizó en el Hall de la Municipalidad una muestra de distintas obras realizadas por empleadas municipales, culminando con la participación del Coro de adultos mayores.

 

 

 

 

 

Para comenzar con los festejos del día del Trabajador Municipal el 2 de noviembre se organizó un Torneo de Pesca en el Club General Daniel Cerri; el 8 de noviembre en el predio de Fragata Sarmiento se realizaron distintas competencias deportivas. Y para culminar, retomando una tradición que se había interrumpido a mediados de la década del 90, se organizó una cena en el salón Borlenghi de la Asociación Empleados de comercio.

 

La reunión, que contó con la presencia de 1200 afiliados y familiares, fue amenizada por buena música y diversos espectáculos. Durante la noche hubo sorteos de importantes premios, entre los que se destacó un automóvil. Del mismo modo, para despedir el año, se convocó a los afiliados en un local bailable de la ciudad.

 

 

 

Continuando con la tradición de fomentar las actividades deportivas en 2013, se organizó el 8 de diciembre una Prueba Atlética, con la modalidad 10 K competitiva y 3 K caminata, con la participación de afiliados y de la comunidad bahiense. Asimismo, se ha incrementado el uso de los quinchos ubicados en el predio deportivo de F. Sarmiento y de la Localidad de Cabildo, como así también la concurrencia a los complejos de Monte Hermoso, Sierra de la Ventana.

 

En cuanto a prestaciones sociales se entregan kits escolares para los hijos de afiliados al comienzo del año lectivo, ajuares por nacimiento y canastas navideñas. Por otra parte, con la intención de fomentar el desarrollo integral de sus afiliados se efectuaron en la sede gremial cursos de formación sindical, talleres de informática, plástica y artesanías, restauración de muebles, entre otros, que se iniciaron en los primeros meses de 2013.

 

 

 

 

Nuevos proyectos e iniciativas de la organización sindical

 

El equipo gremial que comenzó su gestión en octubre de 2012 incentivó la participación de los afiliados, tanto en actividad como jubilados. Para ello determinó el 28 de diciembre de ese año la conformación de nuevas subsecretarias: de Deportes, de Previsión Social y de la Juventud.

 

También fomentó un mayor compromiso por parte de los delegados, mediante un reconocimiento de su rol como eslabón clave dentro del funcionamiento orgánico de la entidad gremial. Para ello, en primer término gestionó la elección de delegados en aquellas dependencias donde no había o tenían su mandato vencido, luego fortaleció su rol mediador entre los trabajadores y las autoridades sindicales. Asimismo, para mejorar su preparación y facilitar su labor, se comenzó a exigir a los delegados la realización de un curso de formación sindical, el contar con un año de antigüedad en el lugar de trabajo que representa y no tener personal a cargo.

 

 

 

Por otra parte, para mejorar la comunicación se realizaron reuniones parciales entre el cuerpo de delegados y representantes del secretariado. Estos encuentros, que reunieron a grupos de entre 8 y 10 delegados solamente, permitieron a la comisión directiva poder reconocer con mayor profundidad las problemáticas laborales y, de esa manera, poder generar soluciones eficientes. Esto fue también a partir de periódicas visitas por parte de los diversos secretarios a la extensa red de dependencias municipales, con el fin de interiorizarse en los asuntos que afectan a la dinámica laboral. Con ese fin se reabrió la oficina sindical en el Hospital Municipal, la dependencia que reúne junto con el Palacio Comunal a la mayor cantidad de trabajadores municipales. En su conjunto estas acciones permitieron en el primer semestre de gestión de la nueva comisión, un incremento importante en el número de afiliados, que pasaron de 2600 a más de 3000.

 

Esta reactivación de la labor gremial en el orden interno fue acompañada, en lo que respecta a las relaciones del Sindicato con el entorno, por un hecho central, como lo es la obtención de la personería gremial. Un trámite que se había iniciado en 2004 y se aceleró luego de la adecuación de los estatutos a la Ley 23551 que se concretó en 2008, para culminar en diciembre de 2012. Con la obtención de este reconocimiento el Sindicato concluyó un largo proceso de tramitaciones, que había comenzado en 1986, cuando la organización gestionó su inscripción en el registro de asociaciones gremiales, en el Ministerio de Trabajo.

 

 

Otra gestión significativa de la conducción del Sindicato fue la que posibilitó el paso de 250 trabajadores temporarios a planta permanente durante 2012, una medida que tiene como fin disminuir los niveles de precarización laboral que afectan a los trabajadores temporarios así como también a los becarios. Como parte de las negociaciones con el gobierno municipal la nueva conducción gremial gestionó y logró que se reincorporara a dos trabajadores que habían sido dados de baja en forma indebida. Es el caso de los trabajadores municipales Florencia Belén Yatzky y Diego González Fillol.

 

 

 

 

En lo que respecta a las obras en beneficio de los afiliados, desde el inicio de la gestión la nueva comisión, se realizaron importantes refacciones en los complejos turísticos de Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, al mismo tiempo que se culminó y habilitó un salón con capacidad para 200 personas, en el predio que el sindicato dispone en la calle Sarmiento. También durante 2013 se inició la construcción de un salón de usos múltiples con capacidad para 60, se incrementó la iluminación del complejo y se colocaron equipos de aire acondicionado en los salones existentes. Al mismo tiempo comenzaron las tareas de movimiento de suelo y nivelación para la cimentación de una nueva cancha de futbol. Asimismo, con el fin de brindar un complejo para actividades de esparcimiento, el Sindicato adquirió un terreno en la localidad de General Daniel Cerri, para la construcción de un Salón de Usos Múltiples, destinado a los afiliados de esa localidad, cuya construcción se iniciara en el segundo semestre del año 2014.

 

Del mismo modo, la dirección del sindicato se encuentra trabajando en la proyección de un plan de viviendas, a partir de la obtención de un terreno por parte del gobierno comunal.

 

En el plano gremial los dirigentes están negociando con el gobierno comunal una reformulación del régimen salarial, que compute el incremento por antigüedad tal como se hacía antes de la formulación del Ley N°11.157 o Ley Duhalde, que disminuyó notablemente los niveles de aumento que antes existían.

 

 

 

 

Epílogo

 

El éxito de una Institución depende del nivel de organización, de la unidad, de la conciencia de clase, y de la astucia de los trabajadores y dirigentes, tarea principal para el fortalecimiento de la misma.

 

Históricamente los trabajadores se han organizado para luchar por sus derechos y mejorar la calidad de vida familiar y laboral, todo se ha conquistado con el esfuerzo de hombres y mujeres.

 

A lo largo de la historia de nuestro sindicato han pasado innumerable cantidad de dirigentes que se han sacrificado, luchando y defendiendo cada día los derechos de la clase trabajadora, construyendo y fortificando así la institución, postergando los intereses personales y familiares en pos de la entidad; razón por lo cual sin vocación hubiera sido casi imposible desarrollar esta tarea, y así posicionarlo como uno de los Sindicatos más importantes de nuestra ciudad y de la provincia.

 

La acción sindical es una respuesta necesaria en defensa de los intereses de la clase obrera dentro de la actual sociedad capitalista, siendo también factor de dinamización de la vida económica y social de nuestra ciudad.

 

Debemos ser custodios de la libertad sindical, que es uno de los principales derechos del trabajador y no olvidarse nunca que las bases son los pilares fundamentales para mantener fuerte y perdurable en el tiempo cualquier tipo de organización.

 

 

 

Comisión Directiva

Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca